La Contraloría del Magdalena informó que se encuentra en trámite con auto de apertura y previa imputación ante denuncia en contra de la exgerente de la ESE Paz del RÍo, Xiomara Barrios Cantillo.

La entidad realizó indagación preliminar con traslado al hallazgo con incidencia fiscal desde la oficina de Planeación y Participación Ciudadana, a la oficina de la Contraloría Auxiliar de la misma entidad, para dicha investigación. El día 5 de mayo de 2021 se dio apertura al proceso de responsabilidadfFiscal No. 919.

Jorge Duran Tovar, jefe jurídico de la Contraloría General del Magdalena, dijo que esa entidad realizó estudio y verificación sobre laa denuncia radicada bajo el No. Q-47-20-0038 instaurada ante ese ente de control en contra de la señora Xiomara Barrios Cantillo, exgerente de la E. S. E. Centro de Salud Paz del Río, de Fundación, Magdalena, al evidenciar hallazgo con incidencia disciplinaria el cual se puso en conocimiento sobre la acción de repetición que en cumplimiento de lo dispuesto por Ia normatividad legal vigente, debieron adelantar las administraciones de Ia E.S.E., desde el pago final de las obligaciones laborales realizado el 5 de febrero de 2019 a un funcionario de esa entidad, el cual fue despedido injustamente y que un Juez ordenó reintegrarlo y a su vez, cancelarle el total de las acreencias laborales derivadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el funcionario, habida cuenta que no se adelantó acción de pepetición alguna, logrando establecer que hasta esa fecha no se adelantó proceso alguno en cuanto a la aplicación de esta disposición constitucional.

Finalmente indicaron que realizada la consulta a la Contraloría Auxiliar para las investigaciones, área competente en la etapa actual de la investigación, ese despacho informó que el estado actual del proceso de responsabilidad fiscal No. 919-2021 es: «En trámite con auto de apertura y previo a imputación». Y que posterior a esto se presentará la decisión inicial donde se determine si existe o no responsabilidad fiscal.

Ante la Procuradora Regional de Instrucción del Magdalena, fueron denunciados Ricardo Montoya Infante y Ruth Escobar de Reyes, delegado y exdelegada de la Registraduría Departamental del Magdalena. La registraduría pagó $ 961.006.737, por demandas laborales causadas al parecer por destituciones sin justa causa.

Kevin Castaño Escalante reiteró solicitud de investigación disciplinaria por presuntas faltas. Aportó evidentemente suficiente material probatorio de las presuntas conductas disciplinariamente reprochables en las que ha incurrido el delegado departamental.

Por su parte ese órgano de control advirtió que revisada la denuncia, los hechos que se denuncian como irregulares se
refieren a la posible responsabilidad que le asistiría al señor Ricardo Yesid Montoya, en su calidad de Delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al presuntamente adelantar destituciones injustificadas a través de procesos disciplinarios internos, los cuales han sido, según el quejoso, revertidos en la jurisdicción contenciosa administrativa y por lo cual ha sido condenada la entidad al pago de la suma de dinero indicada.

“Ni si quiera el despacho se ha atrevido a realizar un investigación integral, que con lleve a determinar la responsabilidad o no del funcionario y para muestra un botón: están los múltiples procesos en los que le ha correspondido a la Registraduría resarcir de su arcas dineros, hechos estos que generan un detrimento en el erario, a parte del daño social, moral de la institución y de la dignidad de las personas que fueron víctimas de sus actuaciones”, describe un aparte de la denuncia.

Castaño Escalante además señaló, que algunas de las conductas denunciadas fueron prescritas, pero otras no y las que sí, deben servir como antecedentes para mirar con objetividad los reproches en procesos radicados.

Ante la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría Nacional se interpuso otra denuncia

Ante Juan Urrea Hernández, Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción de la Registraduría Nacional, Lilia Erazo López, con C.C 36.532.601 de Aracataca; y Elkin Castaño Escalante, interpusieron otra denuncia teniendo en cuenta que la acción disciplinaria es la facultad que posee la propia administración y todos los ciudadanos de acudir ante las autoridades competentes, para que se adelanten las investigaciones y se impongan las sanciones legales contra servidores y ex servidores públicos que cometan irregularidades en el desempeño de la función, en atribuciones conferidas por la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, en especial por las competencias reasignadas por la Resolución 7901 de 29 de marzo de 2022, solicitó ante dicha oficina la medida en mención.

Los denunciantes dejaron plasmado que, al parecer, desde el año 2013, se evidenciaron dentro de la Registraduría Departamental del Magdalena, hechos complejos de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado, basados en el incumplimiento de sus deberes, abuso de derechos y extralimitación de funciones, que han ocasionado destituciones injustificadas de funcionarios.

Acotan los denunciantes que los presuntos responsables que mediante fallos administrativos debidamente ejecutoriados han obligado al Estado en cabeza de la Registraduría Nacional, a desembolsar NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($961.006.737), las personas causantes de estos hechos presuntamente dolosos y gravemente culposos son RicardoMontoya Inafante, funcionario (activo) y Ruth María Escobar de Reyes,  (exfuncionaria).

Este lunes festivo, desconocidos irrumpieron en el cementerio municipal de Bosconia, en el departamento del Cesar, y quemaron la tumba de Rubén Contreras Ceballos. Contreras había sido abatido por la Policía en un operativo la semana pasada, en el que iba a ser capturado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Marlen Mozo, trabajadora de SuperGiros, según informaron medios locales.

Marlen Mozo, de 19 años, fue asesinada a tiros mientras trabajaba en un establecimiento del municipio el pasado 4 de noviembre, un hecho que ha generado gran indignación entre los habitantes de Bosconia, ya que la joven apenas llevaba unos meses en su puesto de trabajo.

El incendio en la tumba fue controlado por los bomberos locales, quienes se desplazaron al lugar para extinguir las llamas.

Se reporta que tras el homicidio de Mozo, el presunto autor dejó un panfleto en el que advertía que el ‘Clan del Golfo’ no permitiría que operaran negocios de apuestas y giros en Bosconia y sus alrededores.