Se trata de beneficios otorgados por Finagro al hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, habría encontrado inconsistencias estructurales en un crédito y un subsidio de Incentivo a la Capacitación Rural (ICR) concedidos al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Según información de El Reporte Coronell, la auditoría ordenada por Finagro habría encontrado “una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios del proyecto”.

Hallazgos de la auditoría al crédito
Juan José Lafaurie Cabal habría recibido un crédito blando por 400 millones de pesos, de los cuales $95.273.700 habrían sido pagados por los contribuyentes a través de un subsidio de ICR, concedido en calidad de pequeño productor.

Lafaurie Cabal habría declarado que era el dueño de la tierra en la que se invertirían los recursos públicos. Esto, en un formulario entregado para recibir los beneficios.

Cabe aclarar que el Estado figuraría como el fiador del 80 % de la deuda, a través de una garantía FAG (Fondo Agropecuario de Garantías).

La auditoría habría verificado en los registros de propiedad que la tierra no es suya, sino de una empresa: Inversiones Lafaurie Cabal. Esa empresa le habría comprado tierra a Lafaurie padre.

Ocho personas resultaron afectadas con el derrumbe parcial de la estructura de 86 metros lineales. La Alcaldía municipal anunció el inicio de investigaciones sobre este hecho.

En pleno acto inaugural, colapsó puente colgante ‘Churina’ en el corregimiento de San Marino, en zona rural del municipio de Bagadó, en el Chocó.

Al menos 8 personas resultaron afectadas con la caída parcial de la estructura de 86 metros lineales, según informó la Alcaldía municipal.

De acuerdo con información de las autoridades, las personas que resultaron lesionadas durante la emergencia recibieron atención médica de inmediata, seis fueron dadas de alta y otras dos fueron remitidas a un centro asistencial en Quibdó para recibir atención de mayor complejidad.

“Desde el mismo momento en que ocurrió el hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y se procedió al acordonamiento del área, garantizando la seguridad en el lugar y la protección de las personas”, refirió la Alcaldía de Bagadó.

Por otra parte, se anunció el inicio de labores de investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

“Se requerirá al contratista ING Constructores S.A.S. y, de ser necesario, conforme a los resultados de la investigación, se procederá a activar las garantías contractuales vigentes”, afirmó la administración municipal a través de un comunicado.

De igual manera, sostuvo que se interpondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en atención a la información preliminar entregada por habitantes del sector aledaño al puente, quienes afirmaron que el colapso se habría producido, al parecer, por una “manipulación intencional” de los cables de suspensión.

El hecho ocurrió en zona rural de Ipiales. En medio de operaciones militares en el departamento de Nariño, tropas del Ejército fueron atacadas con drones cargados con explosivos durante combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Comandos de Frontera.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Ipiales, donde unidades del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 sostenían enfrentamientos con estos criminales. En el ataque murieron tres soldados profesionales identificados como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

Además, dos uniformados resultaron heridos y recibieron atención inicial en el terreno antes de ser evacuados hacia un centro médico en Pasto.

El Ejército rechazó de manera contundente el uso de drones con explosivos, señalando que este tipo de acciones no solo afecta a la Fuerza Pública, sino que también pone en riesgo a la población civil y constituye una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.