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La JEP excluyó al exsubdirector del DAS de Santa Marta, Javier Valle Anaya

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Condenado por homicidio de Alfredo Correa De Andréis. Deberá pagar una pena de 40 años de prisión.

La Sala de Definiciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió excluir del conocimiento de esa jurisdicción a Javier Alfredo Valle Anaya, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santa Marta, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.

En septiembre de 2017, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado O.I.T de Bogotá condenó a Valle Anaya a la pena de 40 años de prisión, por el homicidio del sociólogo cienaguero Alfredo Correa De Andréis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez.

En 2007, el subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santa Marta salió del país con rumbo a los Estados Unidos, pero fue capturado por las autoridades estadounidenses el 5 de octubre de 2017 en Nueva York. Luego de su deportación a Colombia, Valle Anaya fue recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, donde se encuentra actualmente.

Con el finalidad de recobrar su libertad y ser beneficiado con la pena alternativa de 8 años, en junio de 2018, Valle Anaya radicó una solicitud de sometimiento ante la JEP, por los hechos en los que resultó asesinado el profesor Alfredo Correa De Andréis y su escolta, los cuales fueron perpetrados el 14 de septiembre de 2014 por sicarios del Frente José Pablo Díaz de las AUC, al mando del capitán (r) del Ejército, Edgar Ignacio Fierro Flórez, más conocido con el alias de ‘Don Antonio’.

Para cumplir con los requisitos de aporte a la verdad plena y reparación a las víctimas, Valle Anaya se comprometió en la JEP a “hacer aproximadamente 1.000 volantes informativos sobre la convivencia a la juventud, realizar una misa a las víctimas, no residir en la Costa Norte de Colombia y realizar un diplomado en resolución de conflictos”.

En septiembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad de Valle Anaya, diligencia en la que el defensor de derechos humanos José Humberto Torres solicitó a la JEP la exclusión de Valle Anaya de esa jurisdicción por considerar que no hubo aporte a la verdad plena en su relato. Además su ofrecimiento de reparación constituía una burla para la víctimas y la sociedad.

En su decisión, la Sala de definiciones jurídicas de la JEP trajo a colación los nexos del director del DAS, Jorge Noguera, con el Bloque Norte de las AUC, de quien dijo necesitaba de servidores que cumplieran un rol ante las autodefensas, garantía que ofrecía Valle Anaya, a quien ascendió al cargo de subdirector del DAS en el Magdalena, territorio donde operaba en toda su extensión el grupo de autodefensas con el cual uno y otro colaboraba.

En la página 25 del pronunciamiento, la JEP afirma que “la colaboración de Valle Anaya con las AUC fue determinante en la ejecución del doble homicidio. En primer lugar, se evidencia una cooperación estrecha entre el DAS y las AUC, en la que funcionarios del DAS, como Valle Anaya, no solo proporcionaron información falsa a la Fiscalía para judicializar a Correa De Andréis, sino que también facilitaron a los paramilitares datos e infraestructura del Estado para llevar a cabo asesinatos. Esta modalidad de colaboración ilustra una estrategia de persecución de personas identificadas como enemigas políticas o ideológicas consideradas de izquierda, particularmente líderes sindicales, activistas y académicos, como lo era Correa De Andréis”.

Al aplaudir la decisión adoptada por la JEP, el abogado defensor de derechos humanos José Humberto Torres manifestó que esta es una victoria más de la justicia contra la impunidad.

Sin embargo, dijo, aún están pendientes otras decisiones judiciales relacionadas con la vinculación al asesinato de Correa De Andréis del entonces jefe de inteligencia del extinto DAS, Giancalo Auque De Silvestre, del director seccional de Bolívar Rómulo Betancourt Garrido y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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