Este jueves 16 de abril, aproximadamente a las 7:30 de la noche, se registró una masacre en la vereda El Fical, un sector ubicado a 24 kilómetros del casco urbano de Villanueva, Casanare, en las inmediaciones de la empresa El Palmar.

De acuerdo con los testimonios iniciales, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, sin dar tiempo a reacción alguna, dispararon repetidamente contra un grupo de ciudadanos que conversaban en el local. La mayoría de las víctimas quedaron agrupadas en el mismo sitio; solo uno de ellos logró avanzar unos metros hacia la entrada antes de desplomarse.

Sobre la naturaleza del ataque, el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, entregó un balance preliminar: “Tenemos este lamentable caso en el que cinco hombres fueron asesinados por dos criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Creemos que podría tratarse de un ajuste de cuentas”, afirmó.

La respuesta institucional se activó horas después con un consejo extraordinario de seguridad liderado por la Gobernación de Casanare, la Policía, el Ejército y organismos de control.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador César Ortiz Zorro manifestó su postura por medio de su red social X: “Rechazo con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva. He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales”.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Granada, Víctor Manuel Rodríguez Moreno y Hilmer Cáceres Moreno, oriundos de Villanueva; Ricardo Montaña Roa, natural de Aguazul y radicado recientemente en el municipio; y José Ariel Torres Macías, oriundo de Boyacá, pero residente desde hace varios años en Villanueva. Todos se desempeñaban en labores agropecuarias y en el sector ganadero de la región.

Hombres armados secuestraron este jueves a cuatro personas en un caserío de Jamundí, en el Valle del Cauca, informaron las autoridades.

La Alcaldía de Jamundí señaló en un comunicado que pudo «determinar que las cuatro personas que se llevaron hombres armados» en el caserío de Villa Paz son «jóvenes mayores de 18 años», pese a que en un principio se informó que eran adolescentes de entre 15 y 17 años.

«No hay, de acuerdo con la verificación que se hizo mediante cotejo de identidades, menores de edad. Se activó la ruta de atención con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Ejército, Policía y Gobierno local a través de sus diferentes dependencias», agregó la información.

Igualmente, la Alcaldía señaló que «grupos élite» de la Policía y el Ejército realizan «labores de búsqueda» para dar con el paradero de estas cuatro personas.

En Jamundí, municipio vecino de Cali, y principal ciudad del suroeste de Colombia, opera el grupo Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC que está liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

Una fuente de la Alcaldía de Jamundí aseguró a EFE que los hombres armados pintaron grafitis con el mensaje ‘FARC JM’ en Villa Paz y se fueron, tras lo cual el pueblo parece desolado y las autoridades recomendaron a sus habitantes no salir de sus casas.

En el suroeste de Colombia son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.

La autoridad migratoria deportó a un influenciador extranjero que promovía turismo con aparentes fines de explotación sexual y expulsó a otro ciudadano estadounidense que protagonizó amenazas en instituciones educativas del oriente antioqueño, en operativos recientes adelantados en el departamento.

Ambos hombres fueron enviados en un vuelo con destino a Miami, luego de que la autoridad migratoria determinara que sus conductas representaban un riesgo para la seguridad, la convivencia y el orden público.

El primer caso corresponde a un influenciador que, a través de redes sociales, promovía encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales, en los que incluía supuestos “consejos» para evadir controles de las autoridades. Según la entidad, estas actividades estaban asociadas a posibles fines de explotación sexual.

Además, se estableció que el ciudadano se encontraba en condición de permanencia irregular en el país, por lo que se le impuso la medida de deportación, junto con una prohibición de ingreso a Colombia por un término mínimo de cinco años.

El segundo caso involucra a otro ciudadano estadounidense que habría protagonizado amenazas y riñas en instituciones educativas del sector de Las Palmas y Llanogrande. De acuerdo con la información oficial, el hombre intentó ingresar a un colegio haciéndose pasar por docente de inglés y, al ser rechazado, reaccionó con amenazas dirigidas a estudiantes.

Tras la verificación del caso y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se determinó que el individuo tenía antecedentes judiciales y órdenes de arresto vigentes en Nueva York.

En consecuencia, Migración Colombia ordenó su expulsión del país, con prohibición de ingreso por al menos diez años y la obligación de tramitar visa en caso de un eventual retorno.

La entidad señaló que estos procedimientos se enmarcan en sus competencias para aplicar medidas administrativas frente a extranjeros que incumplan la normativa migratoria o representen riesgos para la seguridad nacional.

“El control no es solo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, sino que se extiende a Medellín y toda su área metropolitana. Actuamos de manera contundente frente a cualquier situación que afecte la seguridad y como autoridad migratoria hacemos cumplir la normatividad y la Ley», aseguró Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.