*El proyecto que superó en valor los 2.393 millones de pesos habría sido adjudicado sin contar con los estudios y diseños requeridos para su ejecución.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Los hechos investigados se relacionan con la adjudicación, el 27 de diciembre de 2017, de un contrato para la rehabilitación y mantenimiento de las vías del barrio Los Colares, por 2.112 millones de pesos, y de la interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del proyecto, por 281 millones de pesos.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, Housni Jaller, quien se desempeñó como mandatario departamental entre enero de 2016 y abril de 2018, avaló la contratación pese a que no existían los planos, estudios y diseños necesarios para ejecutar las obras. Dichos requisitos habían sido contratados previamente por 408 millones de pesos, pero fueron entregados de manera parcial e incompleta.

También fueron identificadas otras anomalías como falta de presupuesto, plan ambiental y diferentes soportes técnicos indispensables para el desarrollo de la iniciativa.

Aun así, en febrero de 2018 se autorizó el desembolso del 50 % del anticipo, equivalente a 1.056 millones de pesos para las obras y 122 millones de pesos para la interventoría.

Los recursos habrían sido transferidos a una tercera empresa que, al parecer, no los destinó a la ejecución del proyecto.

Un año después, la administración departamental que sucedió a Housni Jaller liquidó unilateralmente el contrato por incumplimientos del contratista, en el entendido de que se registraba un avance de apenas 2,37 %.

*La estructura habría suscrito 101 contratos con entidades públicas y posteriormente subcontratado con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas, desconociendo los requisitos establecidos en la contratación estatal.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), investigados por su posible participación en un entramado de corrupción que habría permitido la apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías mediante la celebración y
ejecución de contratos presuntamente contrarios a la ley.

Los judicializados son el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales y tesorera Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; y Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de actuar como enlace con terceros.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a estas personas los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, entre 2020 y 2026, Aremca suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de 496.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

Los recursos estaban destinados a la ejecución de obras civiles y al desarrollo de proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria.

Las mencionadas iniciativas habrían sido ejecutadas mediante órdenes de servicio y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y otras personas relacionadas con la organización, en contravía de las disposiciones que regulan la contratación pública.

Entre las irregularidades detectadas figuran procesos contractuales sustentados en manuales internos, ausencia de estudios previos suficientes, direccionamiento de contratistas a través listados cerrados de proveedores y la vinculaciones por prestación de servicios para ejecutar actividades relacionadas con obras, suministros y alquiler de maquinaria.

La Fiscalía evidenció que, pese a que los estatutos de Aremca limitaban el ámbito de actuación a los departamentos de la región Caribe, la Asociación habría desarrollado actividades contractuales en Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.

En dos oportunidades asignó a la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo y Córdoba proyectos de interventoría sobre obras proyectadas en Clemencia (Bolívar) y San Andrés, sin tener en cuenta las restricciones de ley.

De otra parte, se conoció que en 23 contratos, al parecer, se configuró un enriquecimiento ilícito en favor de los contratistas por aproximadamente 14.235 millones de pesos. También se investigan posibles apropiaciones indebidas de recursos públicos relacionadas con el manejo de anticipos y la ejecución contractual.

Finalmente, fueron identificadas anomalías asociadas a la omisión en el cobro de 6.913 millones de pesos por concepto de impuestos territoriales y a la falta de retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

*Enfrentarán penas superiores a los 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo aceptaron mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024, en Aguachica (Cesar), en los que fueron asesinados un pastor religioso, su esposa y dos hijos.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial, estas dos personas se desplazaron desde Barranquilla (Atlántico) hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos hombres y coordinaron la ejecución del crimen.

Posteriormente, los cuatro involucrados llegaron a un restaurante en dos motocicletas y un automóvil.

Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al establecimiento de comercio y disparó contra las víctimas. Tres de ellas fallecieron en el lugar, una más fue trasladada a un centro asistencial y allí murió dos días después.

Videos de cámaras de seguridad y otras pruebas recopiladas dan cuenta de que Valderrama Cuba y Barraza Castillo se encargaron de conducir las motocicletas utilizadas para realizar seguimientos al pastor religioso y transportar al autor material del ataque.

Una juez penal de conocimiento de Aguachica avaló los preacuerdos celebrados.

En consecuencia, los dos procesados serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.