Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron las maniobras ilícitas a las que habría recurrido Arnold David Cuellar Florian, alias Chatarra, para ocultar los dineros obtenidos por los denominados préstamos ‘gota a gota’,
hurtos y el tráfico de estupefacientes en Neiva (Huila).

Al parecer, adquirió bienes y los puso a nombre de su círculo familiar más cercano. Para evitar que las transacciones fueran detectadas habría dispuesto de un equipo de contadores y abogados que le daba apariencia de legalidad a todos los movimientos comerciales.

En marzo pasado, murió alias ‘Chatarra’ y las personas que figuraban como titulares de las propiedades habrían mantenido el dominio y la administración de establecimientos de comercio, 30 taxis, 19 motocicletas y tres camionetas de gama alta, generando ganancias ilegales a través de una flota de vehículos de servicio público y otros activos.

En ese sentido, fueron capturadas y judicializadas Lindaría Florian Ardila, Francy Milen, Linda Mayerli, Lina Mildrey y Fran Noli Cuéllar Florian. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento ilícito.

Adicionalmente, a la señora Florian Ardila le fue imputado el cargo de porte ilegal de armas de fuego, en el entendido de que, durante las diligencias de detención realizadas en Neiva, le fueron encontrados varios cartuchos de diferentes calibres. Por disposición del juez de control de garantías todas las procesadas deberán cumplir medida de
aseguramiento en centro carcelario.

En las audiencias concentradas la Fiscalía obtuvo medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo sobre los bienes detectados en el curso de la investigación. De esta manera, no podrán ser vendidos ni comercializados.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue citada por la Fiscalía a imputación de cargos por sus aparentes vínculos con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia quedó programada para el próximo 29 de noviembre, y en ella la exfuncionaria quedará vinculada a un proceso en el que se le investigará por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Noticia en desarrollo

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Juan Carlos Vargas Suárez, un exdepositario que estaría implicado en la desaparición de 10 lingotes dorados y 69 relojes que pertenecerían al señalado narcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’.

Entre febrero de 2021 y abril de 2022, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó al hoy procesado para que administrara varios bienes que habían sido afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.

Algunas de las propiedades a custodiar eran las barras doradas, que de acuerdo con el dictamen de peritos certificados corresponderían a listones metálicos; y una colección de relojes, varios de estos de gama alta, que superarían en valor los 1.300 millones de pesos.

En su momento, los elementos fueron guardados en una caja fuerte que estaba instalada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca), pero al ser buscados para entregarlo a un nuevo depositario no fueron encontrados.

El depositario no entregó explicaciones sobre el paradero de los bienes extraviados, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción le atribuye haber fallado en su deber de cuidado y aseguramiento de los activos que le fueron confiados, los cuales tendrían un origen ilícito.