*Es señalado de intervenir ilegalmente para gestionar la ampliación de una licencia de construcción.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que vinculan al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, a posibles actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero y otros beneficios para facilitar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.

Inicialmente, el 8 de junio de 2025, el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos.

Posteriormente, al parecer, pidió aumentar la asignación salarial para su referido, quien laboró durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro presuntamente solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Luego, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.

Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder.

Como consecuencia de su determinación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.

Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio

*Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, estuvo involucrado en la planeación del ataque armado ocurrido en el sector El Poblado.

En virtud de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, aceptó su participación en la planeación y ejecución del crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024, en Medellín (Antioquia).

En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Medellín avaló la negociación judicial y lo condenó a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, se encontraba en un establecimiento de comercio del barrio El Poblado cuando fue atacada con arma de fuego por un hombre que le propinó ocho disparos.

Las evidencias obtenidas por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín dan cuenta de que Arteaga Hernández, señalado articulador de una organización delincuencial encargada de perpetrar homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país, se desplazó hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse.

Hasta el momento hay cinco personas condenadas mediante preacuerdo por el asesinato del ciudadano extranjero.

Previamente fueron sentenciados David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión, y Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión.

*El exmandatario habría direccionado un contrato que tenía por objeto la adquisición de elementos para poner en funcionamiento el proyecto orientado mejorar la planificación del servicio de policía en el departamento.

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad del exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, en las irregularidades detectadas en el trámite y celebración de un contrato suscrito en diciembre de 2015, que tenía por objeto la adquisición de elementos electrónicos para la creación de un Centro de Información Estratégico Policial Seccional (CIEPS).

El proyecto, que ascendió en valor a 228 millones de pesos, habría sido direccionado a un único proponente que no cumplía los requerimientos contractuales del proceso ni los requisitos esenciales de ley.

Posteriormente, durante la fase de ejecución, se estableció que el contratista entregó 8 de los 30 equipos previstos para dotar la sala policial.

En su momento, se constató que no reunían las condiciones técnicas y fueron retornados, sin que el proveedor los repusiera y entregara la totalidad de lo acordado.

De esta manera, el entonces gobernador, al parecer, permitió que el contratista se apropiara de manera indebida de la totalidad de los dineros de la iniciativa. Recursos que provenían del Fondo de Solidaridad Departamental.

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Los cargos no fueron aceptados.