*La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, suscribieron un acuerdo para la constitución de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que permitirá fortalecer la investigación de delitos transnacionales.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Ministerio Público de República Dominicana fortalecieron sus mecanismos de cooperación jurídica internacional con la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá coordinar actuaciones y avanzar de manera articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional.

El acuerdo fue suscrito por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El mecanismo se establece en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, y permitirá fortalecer especialmente las investigaciones relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual, además de otros delitos como los económicos y la corrupción.

Durante el acto de firma, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, destacó que los delitos transnacionales requieren respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados. “En delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación”, señaló.

A su vez, la fiscal general resaltó la importancia de fortalecer la persecución de las finanzas criminales, teniendo en cuenta que las organizaciones dedicadas a la trata de personas requieren recursos para facilitar el traslado y explotación de sus víctimas entre diferentes países. Por su parte, la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, destacó que este acuerdo representa un compromiso de ambos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva frente a la delincuencia organizada.

“La trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, afirmó Reynoso, quien señaló que este fenómeno atenta contra la dignidad humana y requiere una respuesta integral de las autoridades. Un mecanismo para enfrentar la criminalidad transnacional El ECI permitirá el intercambio directo de información, evidencia física y elementos materiales probatorios, así como la coordinación de actuaciones investigativas y medidas procesales, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos de Colombia y República Dominicana.

De esta manera, ambos países podrán conformar equipos para atender casos concretos y compartir metodologías y experiencias que contribuyan al esclarecimiento de hechos y la judicialización de los responsables. Este es el Equipo Conjunto de Investigación número 13 creado por Colombia en estos últimos años con países signatarios de la Convención de Palermo. Con este acuerdo, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación jurídica internacional y sumar capacidades con autoridades de otros países para enfrentar las estructuras de criminalidad organizada que trascienden las fronteras.

*Este hombre es responsable de varias agresiones sexuales, secuestros, homicidios, amenazas y desplazamiento de 16 víctimas que no fueron tenidas en cuenta en procesos de Justicia y Paz. 

Noé Jiménez Ortiz, alias Negro Jiménez, quien por varios años fue comandante de zona del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en San Martín, Aguachica y Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), el pasado 30 de junio en audiencia de imputación de cargos aceptó su responsabilidad en múltiples hechos criminales que no habían sido tenidos en cuenta en un proceso penal que le adelantaron en Justicia Paz.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá condenó a Jiménez Ortiz a la pena alternativa de ocho años de prisión, por ser responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida, desnudez forzada en persona protegida, secuestro simple, secuestro simple agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y constreñimiento ilegal.

‘Negro Jiménez’, entre febrero de 2000 y febrero del 2001 en Ocaña (Norte de Santander) cometió seis eventos criminales. Uno de estos fue la retención de una adolescente y su primo en cercanías a la cárcel de Ocaña, de allí fueron trasladados a una finca donde la menor fue abusada por varios paramilitares y el hombre asesinado una semana después. Además del secuestro de tres jóvenes, menores de edad, durante un evento de moda realizado en una discoteca.

Dos de las víctimas fueron abusadas sexualmente y la restante fue obligada a permanecer desnuda por varias horas. También permitió que sus hombres ingresaran a una vivienda para secuestrar a seis personas, una mujer fue asesinada y otra accedida carnalmente en múltiples ocasiones. Posteriormente, una mujer fue retenida en dos oportunidades y abusada sexualmente. El padre de la víctima fue asesinado días antes del primer suceso.

Estas conductas delictivas corresponden a un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género desplegado por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, que no son aisladas ni desviaciones individuales de algunos de sus integrantes, sino que obedecen a una práctica reiterada para tener control territorial y social. Jiménez Ortiz deberá pagar una multa de 21.862 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

*La procesada, valiéndose de su cargo, habría hecho creer a las víctimas que podía facilitarles el acceso a bienes que, supuestamente, serían objeto de remate por parte de la entidad.

Las denuncias de cinco víctimas en Ibagué y Armero (Tolima), quienes confiaron en los ofrecimientos de una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pusieron en evidencia un presunto entramado de engaños.

Según la investigación, la servidora pública habría ofrecido gestionar la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados por la entidad. Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre 2017 y 2022, al parecer, aprovechó su cargo para comprometerse con diferentes personas a realizar gestiones ante un superior para conseguirles facilidades en la adquisición de propiedades a costos más bajos. No obstante, para reservar o separar dichos inmuebles, les exigía consignar determinadas sumas de dinero.

Con el propósito de dar apariencia de legalidad a la maniobra, presuntamente remitía a los interesados documentos con logotipos y membretes institucionales, utilizando el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada, y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio.

Convencidas de que se trataba de transacciones reales y lícitas, las víctimas realizaron consignaciones, tanto a cuentas bancarias de la procesada como en efectivo, por un valor cercano a los 300 millones de pesos. En uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de bienes en remate, lo cual no correspondía a la realidad. Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo imputado y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.