*El juez federal Richard J. Leon ordenó al gobierno estadounidense tomar medidas para su retorno inmediato y estableció este viernes 15 de mayo como fecha límite para informar las acciones correspondientes.
En 2025, una corte de inmigración en Estados Unidos determinó que la colombiana Adriana María Quiroz Zapata no podía ser devuelta a Colombia debido a que enfrentaba un riesgo significativo de sufrir tortura en caso de regresar por parte de su ex esposo.
Aun así, varios meses más tarde, en abril de 2026, la administración del presidente Donald Trump concretó su expulsión del país, aunque no la envió a su lugar de origen, sino a la República Democrática del Congo, un territorio sin vínculo con ella y que además no había autorizado su recepción.
La mujer, de 55 años, terminó recluida en un hotel ubicado en las afueras de Kinshasa, capital congoleña, donde permanece bajo condiciones de confinamiento. Se trata de un lugar que nunca había visitado y con el que no tiene ningún vínculo personal.
La medida hace parte de una política migratoria del gobierno estadounidense que contempla enviar a migrantes a terceros países mediante acuerdos internacionales, incluso cuando no existe relación previa con esos territorios.
En este caso, el problema era aún más complejo: el Congo había advertido que no estaba en capacidad de recibirla. De acuerdo con una comunicación del Ministerio del Interior de ese país dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante una carta conocida por The New York Time, la infraestructura no era suficiente para atender su estado de salud. Quiroz Zapata padece diabetes, hipotiroidismo e hiperlipidemia, pero la expulsión se realizó igualmente.
Desde su llegada, su condición médica se habría deteriorado. Según una declaración judicial citada por su defensa, le aparecieron manchas oscuras en la espalda y en un pie, la piel comenzó a desprenderse y las uñas cambiaron de color.
Su abogada, Lauren O’Neal, fue clara sobre su estado. “No está bien y teme morir”.
Quiroz Zapata no está sola. Forma parte de un grupo de al menos 15 migrantes suramericanos (entre ellos ciudadanos colombianos, peruanos y ecuatorianos) enviados bajo el mismo esquema y mantenidos en un hotel con acceso restringido, donde solo pueden salir bajo supervisión.
En una entrevista realizada desde Kinshasa concedida antes del fallo judicial, ella le describió su situación al medio The New York Times. “Siempre estoy en mi habitación, las 24 horas del día. Tengo miedo todo el tiempo”.
El juez federal Richard J. Leon determinó este jueves 14 de mayo que la expulsión de la ciudadana colombiana “probablemente fue ilegal”.
Según su análisis, la legislación estadounidense permite deportaciones a terceros países, pero únicamente si estos aceptan recibir a la persona. En este caso, el Congo había rechazado la llegada de Quiroz Zapata.
“El Gobierno la envió a la RDC de todas formas”, escribió el juez en su decisión compartido a The New York Times por la abogada de Quiroz. “Por lo tanto, enviar a la demandante a la RDC fue probablemente ilegal”.
Asimismo, Richard J. Leon ordenó al gobierno estadounidense tomar medidas para su retorno inmediato y estableció el 15 de mayo como fecha límite para informar las acciones correspondientes.
La historia de Quiroz Zapata está marcada por la violencia. Ella abandonó Colombia tras ser víctima de agresiones físicas y una violación cometida por su expareja, quien tenía vínculos con la Policía Nacional, según The New York Times.
El hecho de que su agresor fuera miembro de la fuerza pública complicaba cualquier intento de denuncia en su país de origen.
En 2025, un tribunal de inmigración en Estados Unidos, tras revisar su caso, determinó que no podía ser deportada a Colombia debido al alto riesgo de sufrir tortura.
Situaciones similares han sido documentadas en el mismo grupo de deportados. Se conoció el caso de otra mujer colombiana con antecedentes de violencia de género y secuestro por parte de las Farc, a quien también se le había reconocido protección legal en Estados Unidos, pero terminó en El Congo.
Finalmente, una de las abogadas que representa a los afectados resumió la situación: “El objetivo es claro: poner a las personas en un lugar tan desconocido que cedan y acepten volver a casa, a pesar del inmenso riesgo que eso implica”.
