*El lanzamiento de la granada contra un lavadero de carros ocasionó lesiones a dos personas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Silva Arria y Manuel Felipe Ibáñez Díaz, por su presunta responsabilidad en un ataque con artefacto explosivo contra un establecimiento comercial en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla, que dejó dos personas lesionadas.

Por decisión de una juez con funciones de control de garantías, ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de octubre, cuando, al parecer, los hoy procesados transportaron y lanzaron una granada contra un lavadero de carros.

La explosión ocasionó lesiones a dos personas, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario. Además, causó daños en la fachada y el interior del establecimiento.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional ac vó un plan candado que permi ó ubicar y capturar en flagrancia a los dos hombres en inmediaciones de la avenida Circunvalar.

Durante el procedimiento les fue incautado un celular. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; lesiones personales y daño en bien ajeno. Los procesados no aceptaron los cargos.

*Ocho de sus posibles integrantes fueron judicializados y asegurados en centro carcelario.

*Según la investigación, se habrían apoderado de dinero y joyas por una cuantía superior a los
650 millones de pesos.

Objetos de valor como relojes de alta gama y joyas de oro serían los elementos predilectos de los presuntos integrantes de ‘La Roja’, una red delincuencial señalada de perfilar a sus víctimas para posteriormente hurtarlas en diferentes zonas concurridas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Las denuncias de los afectados y los análisis de contexto de diferentes hechos ocurridos con el mismo patrón delictivo permitieron asociar 10 hechos de hurtos a 13 ciudadanos nacionales y extranjeros, detrás de los cuales estaría esta estructura.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, los hechos se registraron entre el 15 de febrero de 2025 y el 9 de octubre de este año, en sectores como las inmediaciones del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el Pueblito Paisa, el cerro Nutibara y Provenza.

En los eventos ilícitos documentados quedaron en evidencia los roles que cumplirían cada uno de los señalados integrantes de ‘La Roja’.

Algunos marcaban a las víctimas, otros las seguían en motocicletas que tenían los sistemas de identificación alterados hasta los lugares donde las abordaban e intimidaban con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias y posteriormente entregárselas a los encargados de almacenar y ocultar los objetos robados para su posterior comercialización.

Producto del trabajo investigativo realizado en articulación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Medellín, ocho personas que harían parte de ‘La Roja’ fueron capturadas.

Se trata de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, Edy Sebastián Cuadros Yepes, Luis Fernando Hoyos Sossa, Jeifre Johan Mata Medina, Jeferson Estiven Sánchez Tapias, Julián Andrés Ríos Castaño, Sebastián Isaza Soto y José Manuel Mejía Hernández.

*Seis personas fueron judicializadas por utilizar dos empresas para importar insumos controlados y comercializarlos ilegalmente con organizaciones criminales en Norte de Santander y Cesar.

El desvío de grandes cantidades de insumos químicos controlados hacia centros de acopio clandestinos, para abastecer laboratorios de procesamiento de cocaína, era la actividad delictiva desarrollada por una red delincuencial identificada y desarticulada por la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander y Cesar.

Seis de sus presuntos integrantes fueron judicializados. El tráfico de sustancias para la elaboración de narcóticos constituye una de las conductas priorizadas por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, debido a su papel en la cadena de producción de estupefacientes y en el sostenimiento de las economías ilícitas.

De acuerdo con la investigación, la organización afectada habría utilizado dos empresas legalmente constituidas para importar desde China y países de Suramérica productos químicos. Los insumos, en lugar de ser almacenados en las sucursales autorizadas, eran trasladados hacia centros de acopio clandestino en Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (Cesar). Desde estos puntos se abastecerían laboratorios de producción de cocaína ubicados en el Catatumbo y el sur de Bolívar, zonas de influencia del ELN.

Para encubrir las operaciones, la estructura registraría exportaciones ficticias hacia Venezuela que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los seis judicializados son: Yorjan Palacio Villalba, Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez. Según los elementos materiales probatorios, cada uno cumpliría funciones específicas en la adquisición, coordinación logística, acondicionamiento y transporte de las sustancias.

Palacio Villalba sería el encargado de dirigir y financiar la organización, además de gestionar las importaciones a través de las empresas. Castillo Lindarte asumiría la supervisión de las rutas y el ocultamiento de la trazabilidad de los precursores, mientras que Calderón Martínez apoyaría las actividades logísticas. Por su parte, Contreras Tamayo tendría a cargo del acondicionamiento de los cargamentos, la articulación de los procedimientos de cargue y el retiro de etiquetas para ocultar la procedencia de la mercancía. Angarita y Franco Ramírez, entre tanto, estarían implicados en el transporte de los insumos hasta los lugares de almacenamiento.

Las actividades de policía judicial permitieron documentar diferentes operaciones de importación y desvío de sustancias controladas, entre ellas: • 23 de octubre de 2024: detección de la importación ilegal de 24.150 kilogramos de cloruro de calcio. • 24 de noviembre de 2024: incautación de 7.738 galones de hidrocarburos. • 22 de mayo de 2025: identificación del desvío de 12.600 kilogramos de acetato de N-propilo mediante una falsa exportación. • 30 de mayo de 2025: hallazgo de 208 galones de acetato de etilo y 550 galones de ácido clorhídrico durante un allanamiento. • 26 de julio de 2025: incautación de 3.350 galones (11.160 kilogramos) de acetato de N-propilo. • 9 de mayo de 2026: incautación en otra bodega de 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, 1.100 galones de acetato de N-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo. Con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados, la Fiscalía imputó a los seis procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.