El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido formalmente una demanda que pretende frenar la posesión del presidente Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

La información señala que el recurso judicial se presenta apenas tres días antes de que se lleve a cabo el evento, lo cual pone en vilo los preparativos que ya se encuentran en marcha en la capital del Valle del Cauca.

Fundamentos jurídicos y derechos amenazados

La acción judicial, identificada como una acción popular con solicitud de medida cautelar urgente, fue interpuesta por el ciudadano David Fernando Cano Masuera. El demandante argumenta que el traslado de la sede del Congreso a Cali para el acto de posesión amenaza una serie de derechos colectivos fundamentales.

Entre estos se destacan la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, así como la legalidad del gasto y la publicidad de la función pública.

El proceso legal vincula a una amplia gama de instituciones del Estado colombiano. Entre los accionados se encuentran el Congreso de la República (tanto el Senado como la Cámara de Representantes y sus mesas directivas), el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares.

Los argumentos presentados por Cano Masuera sugieren irregularidades en el proceso legislativo que permitió el cambio de sede. Específicamente, se menciona que la votación en el Congreso debió ser nominal y que existen dudas sobre la disponibilidad de fondos y las garantías de seguridad para un evento de tal magnitud fuera de Bogotá.

Al admitir la demanda, el Tribunal ha solicitado de manera extraordinaria una serie de pruebas certificadas y verificables a las autoridades correspondientes. La justicia busca revisar el texto exacto del acuerdo entre el Senado y la Cámara, las proposiciones aprobadas, las constancias de radicación y las órdenes del día definitivas.

Asimismo, se han requerido las actas de sesión y las certificaciones de quórum deliberatorio y decisorio para comprobar la legalidad de las actuaciones que permitieron el traslado de la sede del Congreso para la posesión presidencial.

El Juzgado 15 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Barranquilla avaló el preacuerdo entre Eduar Alfonso Daza Castro y la Fiscalía para ser condenado a 37 años de prisión por el feminicidio de su expareja Kelly De Arco Hurtado, asesinada a bala en un conjunto residencial el 6 de octubre de 2025, en la Ciudadela 20 de Julio.

El hombre aceptó los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego.

La mujer ese día, en horas de la madrugada, llegaba con su papá y una amiga al apartamento, pero cuando iba subiendo las escaleras hacia el apartamento se encontró de frente con su expareja, quien es conocido como ‘El Negro’.

La información recopilada por las autoridades señala que el hombre la tomó por el cuello y le disparó en una oportunidad, pero cuando iba cayendo por la escaleras le propinó dos balazos más hasta dejarla sin vida en el sitio.

El hombre huyó y se entregó posteriormente en la Estación El Bosque.

El material probatorio de la Fiscalía indica que un mes antes del feminicidio Kelly había decidido terminar la relación con Eduar por tener episodios de violencia contra ella.

En el Camino Adelita de Char falleció este lunes un adolescente, de 16 años, herido a bala al enfrentarse, junto a un cómplice, a personal del Gaula Militar al mediodía del sábado en la calle 90 con carrera 3A, barrio Santo Domingo, en la localidad metropolitana de Barranquilla.

El menor de edad fue impactado en cuatro ocasiones. Su presunto cómplice, identificado como Miller Andrés Salcedo Tovar, de 18 años, recibió dos disparos en el tórax por lo que fue trasladado al Hospital General de Barranquilla.

Según la información recopilada por las autoridades, el adolescente y el otro herido se movilizaban en una motocicleta y presuntamente dispararon contra un local comercial de venta de ropa para exigir el pago de extorsión por parte de ‘Los Costeños’.

No obstante, tras cometer el hecho, se encontraron con miembros del Gaula con quien sostuvieron un intercambio de disparos.

Los sospechosos se desplomaron de la moto y fueron trasladados a los centros asistenciales bajo custodia policial por el delito de porte ilegal de armas.

El caso quedó en investigación por parte del CTI de la Fiscalía.