En un procedimiento adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se desplegaron todas las capacidades investigativas y operacionales para golpear al grupo delincuencial ‘Altos de la Virgen’ que llevan más de 20 años extorsionando a las personas en Sabaneta, Itagüí y La Estrella.

Durante el operativo, en donde se hicieron más de 15 allanamientos, se logró la captura de al menos 10 integrantes de la estructura delincuencial que podía generar hasta 400 millones de pesos al mes producto de las extorsiones.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que ‘Altos de la Virgen’ tienen una alianza criminal con el grupo delincuencial ‘La Sierra’, lo que hace a los capturados objetivos de alto valor para las autoridades.

«Esta estructura alineada al grupo delincuencial organizado La Sierra tiene injerencia en el corregimiento La Tablaza y en sectores como La Virgen, San Isidro, Salabanda, La Raya, La Umbría y La Maya de Bavaria. Sus principales fuentes de financiamiento están relacionadas con el tráfico local de sus pacientes», destacó el uniformado.

Hay que mencionar que el proceso investigativo permitió evidenciar que ‘Altos de la Virgen’, realizaban cobros ilegales derivados de riñas o conflictos familiares e intimidaba a habitantes de la zona mediante amenazas y desplazamientos forzados.

Las actividades judiciales adelantadas por los investigadores permitieron recopilar elementos materiales probatorios que vincularían a los hoy capturados con delitos como concierto para delinquir, extorsión, secuestro simple, feminicidio, desplazamiento forzado y lesiones personales.

La Dijin de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 11 personas en una operación simultánea en Barranquilla, Montería y Medellín.

Los capturados presuntamente estarían dedicados al fraude electrónico y en donde se habrían apropiado de más de 3 mil millones de pesos de subsidios del Departamento de Prosperidad Social.

“De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, para apropiarse ilegalmente de los recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cuales estaban estrictamente destinados a mitigar la pobreza de familias en situación de alta vulnerabilidad”, precisó la Dijin de la Policía.

Según la institución armada, “para lograr el cometido la organización delincuencial suplantaba las huellas dactilares de las víctimas; los peritos judiciales mediante minuciosos cotejos dactiloscópicos, lograron evidenciar que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, con el fin de modificar las mismas, por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices y así realizar los cobros fraudulentos”.

Las capturas se lograron gracias a una investigación que duró más de un año.

“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios”, dijo el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin de la Policía e Interpol en Colombia.

El alto oficial precisó que la investigación continúa con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal.

Los investigadores lograron identificar a alias ‘Yeimar’ como presunto cabecilla y a sus integrantes quienes tenían roles criminales específicos dentro de la organización (reclutadores, cobradores y suplantadores).

“Habían empezado a cobrar fraudulentamente los subsidios en la ciudad de Medellín y municipios del departamento de Antioquia, pero decidieron expandir su red criminal hacia las ciudades de Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron lugares específicos para realizar falsificación de documentos de identidad, acceder abusivamente a los sistemas informáticos y captar colaboradores para realizar los cobros”, detalló la Dijin en un comunicado.

Durante los allanamientos fueron encontrados e incautados 9 computadores, 8 terminales telefónicas y 3 discos duros que serán sometidos a pruebas forenses para extraer información; también fueron halladas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cédulas de ciudadanía.

Las 11 personas detenidas y los elementos materiales probatorios incautados durante los allanamientos, fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

*El atentado puso en riesgo la integridad de la población civil.

El conflicto armado sigue azotando al país. Un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, dejó 12 soldados heridos.

El atentado puso en riesgo la integridad de la población civil.

«Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes», indicó el Ejército Nacional en sus redes sociales.

La institución armada señaló que las tropas de la Primera División mantienen el despliegue operacional en la zona, fortaleciendo las medidas de seguridad y trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y demás autoridades para velar la protección de los ciudadanos y ubicar a los responsables de este atentado terrorista.

«Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la soberanía y la estabilidad del territorio nacional», concluyó.

Este ataque se registra días antes de que inicie el cese al fuego unilateral de la guerrilla, por las elecciones.