*La escalada de violencia obligó a la administración municipal a decretar medidas extremas para intentar retomar el control de la población.

El municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, atraviesa una crítica situación de orden público tras los violentos enfrentamientos registrados a raíz de operativos de las autoridades contra la minería ilegal.

La escalada de violencia obligó a la administración municipal a decretar medidas extremas para intentar retomar el control de la población.

Ante los desmanes, la alcaldía de Segovia estableció un toque de queda que rige desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., medida que se extenderá inicialmente hasta el próximo 15 de julio.

Además, se prohibió la circulación de parrillero en motocicleta durante 24 horas por un periodo de tres días y se restringió la venta de licor.

Existe una discrepancia entre las versiones de las autoridades departamentales y locales sobre los responsables. Mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló al Clan del Golfo como el instigador de la violencia, el personero de Segovia, Hambler Patiño, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobre el tema.

Patiño afirmó que, aunque se está verificando un comunicado del grupo armado donde niegan su participación, la dinámica de los hechos sugiere otra cosa.

«Como se están desarrollando las cosas, posiblemente pues sea cierto que no lo tengan nada que ver (…) Esto no es un paro, esto fue casi que una sonada que algunos desadaptados salieron e hicieron esta clase de daños», explicó el personero.

Según el funcionario, los autores serían personas encapuchadas que realizaron quemas y bloqueos, algo que «no son tan normales» en el municipio.

Sobre la muerte registrada, el personero aclaró que, preliminarmente, no estaría ligada a los disturbios con la fuerza pública, sino a la violencia estructural de la zona. «Ustedes saben que aquí hay una guerra interna en las Farc que quiere implementar milicias urbanas y el Clan del Golfo que no se quiere dejar sacar (…) Al parecer esa muerte y el herido fueron causados en contexto de esa problemática», puntualizó.

El municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, fue epicentro este domingo de una intensa jornada de alteraciones del orden público que se prolongó por varias horas.

En medio de las protestas relacionadas con operativos contra la minería ilegal, las autoridades reportaron una persona fallecida, dos lesionadas y la quema de seis vehículos, entre ellos motocicletas, camionetas y una volqueta.

Según informó la Gobernación de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó los hechos al presunto accionar del Clan del Golfo, señalando que la organización estaría detrás de los disturbios como respuesta a recientes operativos de la Fuerza Pública. Estas afirmaciones corresponden a la versión oficial entregada por el mandatario departamental.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades anunciaron nuevas medidas para recuperar el control del municipio, entre ellas restricciones a la movilidad, el refuerzo del pie de fuerza con unidades especializadas de la Policía y el despliegue del Ejército para intervenir los bloqueos que permanecían en las principales vías de acceso al referido municipio antioqueño.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.

La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, «gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04», que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción.

Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF).

Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.

La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.