La defensa del páramo de Santurbán vuelve a escalar de escenario. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo anunció ocho acciones jurídicas y ciudadanas contra recientes decisiones del Gobierno Nacional que, según la organización, debilitan la protección ambiental de este territorio estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y otras regiones.

Una de las principales acciones será la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander, con la que el Comité busca suspender las medidas que considera lesivas para Santurbán mientras avanza la discusión judicial. La organización también puso en marcha la campaña #FirmoPorSanturbán, con la intención de sumar respaldo ciudadano a la batalla jurídica.

El Comité además anunció una recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, argumentando que algunas de sus actuaciones y pronunciamientos evidenciarían, a juicio de la organización, una falta de imparcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero “Soto Norte”.

El señalamiento plantea un fuerte cuestionamiento al papel que está desempeñando el Gobierno en una discusión que durante años ha enfrentado la defensa del agua con los intereses de la actividad minera.

Otro de los reclamos es la reapertura inmediata de la consulta pública relacionada con la resolución que fue revocada. Para el Comité, la salida no debe ser desmontar las medidas de protección ambiental, sino garantizar nuevamente la participación ciudadana y mantener los mecanismos destinados a preservar las áreas estratégicas del páramo.

La organización también se declaró en asamblea permanente y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a una reunión el próximo 2 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en la Calle 33 # 23-37 de Bucaramanga. Allí se definirían las fechas de una eventual movilización regional y nacional.

Con esta ofensiva, el conflicto alrededor de Santurbán entra nuevamente en una fase de alta tensión. El Comité asegura que acudirá simultáneamente a los escenarios jurídicos, ciudadanos y de movilización, mientras insiste en que la defensa del páramo está directamente relacionada con la protección del agua para millones de personas.

“Santurbán no se vende, se defiende”, concluyó la organización, dejando claro que la disputa por el futuro del páramo continuará ahora en los tribunales y en las calles.

*La magnitud de la tragedia territorial mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro. Según el último informe entregado por la mandataria departamental, el Tolima registra «en este momento 24 incendios activos en 13 municipios del departamento y unos incendios que son de gran magnitud».

El departamento del Tolima enfrenta una de sus crisis ambientales y de gestión del riesgo más severas de los últimos años debido a una devastadora ola de incendios forestales que coincide, de manera crítica, con las consecuencias de un reciente sismo. La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ofreció desde el corregimiento de Gualanday, en el municipio de Coello, un panorama alarmante sobre la magnitud de la emergencia. Aunque los registros preliminares de la administración departamental estiman que el fuego ha arrasado más de 20.000 hectáreas, la rápida propagación de las llamas mantiene bajo amenaza a múltiples poblaciones.

La magnitud de la tragedia territorial mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro. Según el último informe entregado por la mandataria departamental, el Tolima registra «en este momento 24 incendios activos en 13 municipios del departamento y unos incendios que son de gran magnitud».

Uno de los focos más preocupantes se localiza en el cerro Las Mercedes, entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá, donde una conflagración con una cobertura de siete kilómetros amenaza directamente las instalaciones de una empresa del sector avícola.

El impacto sobre la economía campesina y la biodiversidad es devastador. «El daño ambiental y el daño en el sector agropecuario ha sido muy grande», advirtió la gobernadora. Las llamas han consumido por completo cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano.

*Entre las medidas adoptadas se encuentran circulares relacionadas con libertad sindical, trabajo doméstico remunerado, vigilancia privada y plataformas digitales de reparto, entre otras que blindaban a los trabajadores colombianos.

El Ministerio del Trabajo expidió la resolución 2708 de 2026, mediante la cual derogó y dejó sin efectos 11 circulares emitidas por el gobierno de Gustavo Petro entre septiembre de 2025 y julio de 2026, tras concluir que «contenían problemas de competencia, técnica normativa, interpretación jurídica o creación de obligaciones sin soporte legal suficiente».

La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, manifestó que la decisión forma parte de un proceso de depuración regulatoria que busca reforzar la seguridad jurídica y evitar que lineamientos administrativos sean utilizados como fuente autónoma para imponer requisitos, sanciones, procedimientos o cargas a empleadores, trabajadores y autoridades.

Entre las medidas adoptadas se encuentran circulares relacionadas con libertad sindical, trabajo doméstico remunerado, plataformas digitales de reparto, estabilidad laboral reforzada, jornada laboral, horas extras y la aplicación de la reforma laboral.

Según el Ministerio, en varios casos los instrumentos mezclaban recomendaciones con disposiciones de obligatorio cumplimiento, incorporaban interpretaciones que excedían el alcance de la ley o establecían procedimientos y exigencias que requerían una fuente normativa de mayor jerarquía.

El Ministerio aclaró que la decisión opera únicamente hacia el futuro y no implica la nulidad automática de actuaciones administrativas o decisiones adoptadas durante la vigencia de dichos documentos.

Asimismo, se ordenó a sus dependencias identificar necesidades regulatorias y operativas derivadas de la derogatoria y elaborar nuevos instrumentos jurídicos cuando sean necesarios. De manera transitoria, dispuso medidas específicas para temas como trabajo doméstico, negociación colectiva, plataformas digitales de reparto y remuneración a destajo, mientras se revisan y ajustan los lineamientos institucionales.

Qué fue lo que desmontaron?

Mediante la Resolución 2708 de 2026 el gobierno de De La Espriella desmontó:

•⁠ ⁠Circular Externa 0101 del 22 de septiembre de 2025: orientaba la aplicación de la Ley 2466 de 2025 en jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo, registro de horas extras y trabajo suplementario.

•⁠ ⁠⁠Circular Interna 0120 de 2025: lineamientos para tramitar autorizaciones de terminación de vínculos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada.

•⁠ ⁠⁠Circular 0031 del 17 de marzo de 2026: lineamientos sobre cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social para empleadores.

•⁠ ⁠Circular Externa 0032 del 25 de marzo de 2026: lineamientos sobre libertad sindical, permisos sindicales y convenciones colectivas.

•⁠ ⁠⁠Circular 0040 del 16 de abril de 2026: orientaba al sector de vigilancia y seguridad privada sobre jornada y horas extras.

•⁠ ⁠Circular 0048 del 22 de mayo de 2026: guía sobre debido proceso disciplinario laboral y terminación con justa causa.

•⁠ ⁠Circular Interna 0049 del 22 de mayo de 2026: lineamientos para el trámite de autorización de terminación de vínculos de personas con estabilidad laboral reforzada por discapacidad.

•⁠ ⁠Circular 0057 del 6 de julio de 2026: orientaba sobre la Reforma Laboral y modalidades contractuales.

•⁠ ⁠Circular 0086 del 29 de julio de 2026: lineamientos de inspección para plataformas digitales de reparto.

•⁠ ⁠Circular 0088 del 29 de julio de 2026: lineamientos sobre conformación de pliegos únicos y comisiones negociadoras sindicales.

•⁠ ⁠Circular 0089 del 29 de julio de 2026: lineamientos de inspección al trabajo doméstico remunerado.

Muchos analistas coinciden en señalar que «detrás de cada una de estas circulares hay conquistas que el movimiento sindical y la clase trabajadora han construido durante décadas de organización, movilización y lucha. Son herramientas para que los inspectores del trabajo puedan actuar, para que los empleadores conozcan sus obligaciones y, sobre todo, para que los derechos laborales no se queden escritos en una ley, sino que puedan hacerse realidad».