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Fiscalía

Fiscalía puso en evidencia a destructores de la naturaleza en los ríos de Guainía

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Como parte de las acciones investigativas definidas para poner en evidencia a los determinadores y máximos responsables de las conductas delictivas que deterioran los recursos naturales, la Fiscalía General de la Nación identificó a los señalados principales articuladores de la extracción ilícita a gran escala de oro en el río Atabapo, en Guainía.

Se trata del exconcejal de Inírida Juan Esteban Barrera Veloza; su mamá, Carmen Julia Veloza Pesquera; y Juan Camilo Aguado Hernández. Estas personas serían dueñas y financiadoras de aproximadamente 10 dragas utilizadas en los frentes de minería ilegal ubicados sobre la fuente hídrica.

Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y
el Medio Ambiente les imputó los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e invasión de área de especial importancia
ecológica.
Los elementos materiales probatorios indican que la señora Veloza Pesquera, al parecer,
se encargaba de orientar la logística para la obtención y el traslado de las dragas, y de
contactar a los denominados ‘buzos’, jóvenes que se sumergen y guían las dragas para
facilitar la extracción del oro.

De otra parte, Barrera Veloza habría aprovechado el cargo de concejal, ejercido entre 2020 y 2023, para conocer información sobre las operaciones y controles de las autoridades en la región. Finalmente, Aguado Hernández estaría involucrado en la adquisición de insumos y repuestos para las máquinas, y en las labores de explotación del mineral.

El río Atapabo hace parte de la estrella fluvial del Inírida, un área de especial importancia ecológica. En los análisis realizados en los puntos de minería ilegal se han detectado altos niveles de mercurio, una sustancia que es vertida indiscriminadamente a las aguas luego de ser utilizada en el proceso de obtención del oro.

Fiscalía

Incautan cianuro, mercurio y explosivos en operativo contra la minería ilegal en Santurbán

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*La actividad ilícita generaría más de 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá, fuentes de abastecimiento del acueducto de Bucaramanga.

Socavones y plantas de procesamiento de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán (Santander) fueron intervenidos en ocho diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una investigación contra una organización delincuencial señalada de extraer ilegalmente oro en el área protegida.

Los procedimientos fueron realizados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda Angosturas de California y en plantas ubicadas en ese municipio, Suratá y Matanza.

En los lugares inspeccionados fueron incautados 92 millones de pesos en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. También se encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias utilizadas en la obtención del mineral.

Asimismo, fueron hallados 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores destinados a la explotación minera ilegal.

Las evidencias indican que el oro extraído en el área intervenida sería distribuido en establecimientos de comercio de Bucaramanga y Bogotá. Esta actividad generaría ganancias superiores a 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo legalidad sobre los elementos incautados y avanzará en las indagaciones para identificar a los responsables.

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Fiscalía

Golpe a red delictiva que aprovechaba conciertos y eventos masivos para cometer robos

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*Seis presuntos integrantes de ‘Venus’ estarían involucrado en, al menos, 10 casos ocurridos en Bogotá y otras ciudades.

Ferias, conciertos y lugares de alta afluencia de público eran los escenarios que la estructura delincuencial ‘Venus’ presuntamente aprovechaba para hurtar celulares y otros equipos tecnológicos en Bogotá y distintas ciudades del país.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación indica que sus integrantes viajaban a las zonas donde se realizarían las actividades. Allí utilizaban identidades falsas y se presentaban como funcionarios de alcaldías, secretarías o personal de logística para acercarse a los asistentes de los encuentros masivos.

Posteriormente, se distribuían en medio de la multitud. Mientras unos identificaban los puntos de mayor afluencia y los dispositivos de gama alta, otros distraían al personal de vigilancia y de logística para que un grupo específico se apoderara de los objetos.

El primer hecho ilícito documentado está relacionado con el hurto de un equipo de sonido durante una feria en San Gil (Santander), en 2024. Desde ese momento se pusieron en marcha varias actividades de policía judicial que permitieron individualizar y vincular a seis personas que harían parte de la organización y estarían implicadas en nueve episodios más.

Entre los casos detectados aparece la sustracción de un desfibrilador externo automático, avaluado en 8 millones de pesos, de un establecimiento de comercio en Bogotá; una tableta que portaba un ciudadano que acudió a un parque de diversiones; y una consola de sonido en un local comercial, cuyo costo supera los 12 millones de pesos.

Los seis señalados integrantes de ‘Venus’ fueron identificados como Carlos Alberto Hidalgo Quiroga, Marisol Prada Marín, Enrique Ortiz Salazar, alias Conejo; Juan Carlos Mogollón Guaqueta, Cristian Federico Estévez Macías y William Andrés Moncada Gámez, alias Taxista. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Fiscalía

Judicializan a nuevos implicados en el asesinato de una mujer embarazada en Cali

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*Los procesados habrían ayudado a transportar a la víctima después de que le extrajeran a su bebé. Ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación por el crimen de una mujer de 21 años en estado de gestación permitió identificar a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos como presuntos colaboradores en el ocultamiento de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali.

Hasta allí llegó la víctima con una mujer que se habría ganado su confianza fingiendo también estar embarazada.

En el lugar fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le habrían extraído a su bebé de ocho meses de gestación.

Los elementos materiales probatorios indican que Moncayo Solano y Ochoa Ríos ayudaron a subir el cuerpo a un vehículo conducido por otras personas.

Posteriormente, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa, donde abandonaron a la víctima en el río Meléndez.

Durante las labores de búsqueda por la desaparición de la mujer, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera. Diez días después, la bebé fue hallada sin vida en inmediaciones del mismo sector.

Los dos hombres fueron capturados el pasado 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante diligencias de allanamiento y registro en cumplimiento de órdenes judiciales.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices. Ninguno aceptó el cargo y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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