*Se trata de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien firmó preacuerdo con la Fiscalía y podría ser condenado a 3 años de prisión.

El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó al exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez a 3 años de prisión, tras haber confesado su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en favor de Juliana Guerrero.

La sentencia condenatoria se impartió tras avalar el preacuerdo que se suscribió entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado.

Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó su participación en la expedición de títulos académicos falsos a favor de Juliana Guerrero.

En ese sentido, reconoció su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público y se acordó una pena de 36 meses de prisión, es decir, tres años. Sin embargo se otorga la suspensión de la ejecución de la pena por el monto definido,beneficio que permite a una persona condenada no ir a la cárcel, siempre y cuando cumpla ciertas reglas de buena conducta durante un tiempo.

«Condenar a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, conforme al preacuerdo celebrado e imponiendo la sanción que corresponde a la pena principal, de 36 meses de prisión.2º, imponer al sentenciado la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal impuesta. 3º, conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con los plasmados en el cuerpo de esta providencia», aseguró el juez.

En el caso del exsecretario de la Fundación Universitaria San José, el juez sostuvo que, según la investigación de la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones, habría autorizado la expedición de dos diplomas académicos que no correspondían a la realidad. Según explicó la fiscalía, Gutiérrez Martínez autorizó la expedición de 2 diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria”, documentos que tenían fecha del primero de julio de 2025.

El Juez señaló que mediante esos documentos se hizo constar que Guerrero había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtener los títulos, pese a que, según la investigación, esas circunstancias no correspondían a la verdad.

“Contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones”, explicó la fiscal, quien agregó que Gutiérrez habría autorizado posteriormente la expedición de los títulos pese a que la entonces aspirante no había cumplido algunos de los requisitos exigidos.

Entre las irregularidades señaladas por el ente investigador está que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro requeridas para obtener el título profesional y las pruebas TIT exigidas previamente para el grado de tecnóloga.

Según la Fiscalía, validadores externos no habían autorizado la expedición de los dos títulos académicos, pero Gutiérrez Martínez, utilizando su perfil, habría autorizado posteriormente la expedición de los documentos.

“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, señaló la representante del ente acusador.

Como parte de la negociación, el exsecretario Luis Carlos Gutiérrez, pidió perdón asegurando que “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto, Y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”

Mientras avanzó este proceso, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación programada en su contra, por lo cual este miércoles habrá una nueva oportunidad para formalizar el llamado a juicio dentro de la investigación por la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos que habrían sido utilizados en su aspiración para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.

*Durante diligencia de allanamiento y registro, la Policía Nacional halló una granada de fragmentación.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Manuel Maza Cantillo, alias ‘Wilmita’, y Ailín Eliana De la Cruz Bravo, alias ‘La Flaca’.

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado. Los procesados no aceptaron el cargo.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro, realizada por la Policía Nacional en un inmueble del mencionado municipio, se logró la captura de los dos procesados. Además, se incautaron una granada de fragmentación industrial, dos
celulares y seis panfletos alusivos a una estructura delincuencial que tiene injerencia en la zona.

*Remberto Javier Amell Hernández aceptó su responsabilidad por actos de corrupción que comprometieron contratos financiados por el Departamento para la Prosperidad Social.

El direccionamiento de contratos de pavimentación y el manejo irregular de recursos públicos derivaron en la condena del exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto Javier Amell Hernández, quien por disposición de un juez penal de conocimiento deberá cumplir una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

Mediante allanamiento a cargos el exmandatario aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.

Las conductas que motivaron la sentencia están relacionadas con hechos ocurridos durante su administración, entre 2016 y 2019. Amell Hernández intervino, junto con dos congresistas, en gestiones relacionadas con la adjudicación de dos proyectos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a recuperar la malla vial de varios barrios de Galeras. Se trata de los convenios 449 de diciembre de 2016, por 9.416 millones de pesos, y 479 Fase II de noviembre de 2017, por 3.796 millones de pesos.

La investigación estableció además que el entonces alcalde intervino en la adjudicación de cuatro contratos de pavimentación, los cuales superaron en valor los 13.000 millones de pesos, en beneficio de terceros previamente seleccionados. Para favorecer su escogencia, impartió instrucciones a funcionarios municipales, suministró información relevante y promovió modificaciones a los pliegos de condiciones.

Por estas acciones ilícitas recibió el 50 % de las ganancias derivadas del primero de los negocios cuestionados. También entregó a los dos congresistas el equivalente al 15 % de los convenios suscritos con el DPS y le entregaron 400 millones de pesos para hacérselos llegar a un funcionario relacionado con la adjudicación de algunos de los contratos.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley