La Fiscalía General de la Nación imputó al comunicador Jorge Alfredo Vargas el delito de presunto acoso sexual por hechos que, de acuerdo con el ente acusador, habrían sido cometidos contra cuatro presuntas víctimas en un entorno laboral.

La diligencia se realizó bajo reserva por decisión del Juzgado 41 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, que acogió la solicitud de la Fiscalía para proteger la identidad, la intimidad y los derechos de las cuatro mujeres que figuran como presuntas víctimas dentro del proceso.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, los hechos que motivaron la imputación habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y se habrían presentado en un contexto laboral. La Fiscalía sostiene que las conductas atribuidas al comunicador afectaron a cuatro mujeres, cuyas denuncias dieron origen a la actuación penal.

El caso se conoció públicamente en marzo de este año, cuando Caracol Televisión informó que había recibido denuncias por presunto acoso sexual contra dos de sus periodistas y anunció la activación de sus protocolos internos. Posteriormente, la relación laboral entre el canal y Jorge Alfredo Vargas finalizó.

La imputación de cargos constituye un acto procesal mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente a una persona los hechos por los que es investigada. No representa una condena ni una declaración de responsabilidad penal, la cual solo podrá establecerse mediante una decisión judicial en firme.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que, debido a la naturaleza del presunto delito, las cuatro denunciantes serán identificadas dentro del proceso únicamente con los códigos V1, V2, V3 y V4, con el fin de proteger su identidad.

A su vez, la abogada Ana Bejarano, representante de la presunta víctima identificada como V1, solicitó mantener medidas de anonimización para evitar escenarios de revictimización y la exposición de las denunciantes durante el desarrollo del proceso judicial.

Una vez concluya la audiencia de imputación, el proceso continuará en las etapas previstas por la ley, mientras la Fiscalía avanza en la recolección y presentación de las pruebas que sustentan su investigación. Por su parte, Jorge Alfredo Vargas mantiene la presunción de inocencia y podrá ejercer plenamente su derecho a la defensa durante el desarrollo del proceso judicial.

*El solicitado habría solicitado el dinero en dos oportunidades, asegurando que podía favorecer a la aspirante con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), por presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero el procesado contactó telefónicamente a la aspirante y concertó una reunión en su residencia, donde presuntamente le exigió el dinero.

Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad para manipular los resultados electorales y favorecerla con los votos ofrecidos.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. El cargo no fue aceptado.

*Este hombre fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, las dos conductas agravadas.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de
conocimiento condenó a 30 años de prisión a Giovanny Vega Blanco, entrenador de atletismo que agredió sexualmente a siete menores de edad en hechos ocurridos en Bucaramanga (Santander) entre 2014 y 2022.

Las deportistas, de edad entre los 15 y 17 años, pertenecían al club deportivo dirigido por el hoy condenado, y fueron sometidas a múltiples vejámenes de carácter sexual mientras se encontraban en proceso de formación deportiva bajo su dirección, con la expectativa de alcanzar reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Las menores de edad, quienes en su mayoría se encontraban en condición de
vulnerabilidad, también fueron víctimas de abuso psicológico y verbal. Según la
investigación, este hombre las sometía a expresiones humillantes y descalificantes que les generaron graves afectaciones psicológicas.

La Fiscalía estableció que Vega Blanco se valió de su condición de formador y cuidador de las víctimas, así como de su trayectoria deportiva, para intimidarlas y evitar que denunciaran los hechos.

Por lo anterior, fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas.

En la decisión, el juez lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.