*Se trata de 19 propiedades ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados a extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los predios, avaluados en más de 65.000 millones de pesos, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo (Antioquia).

Un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá.

Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.

Los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare.

Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización.

*La víctima fue señalada equivocadamente de colaborar con un grupo armado ilegal que tenía
injerencia en el departamento.

En atención a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Neiva revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a 50 años y ocho meses de prisión a cuatro exintegrantes de la fuerza pública y a un particular por la desaparición y posterior crimen de un campesino el 29 de enero de 2009, en zona rural de Pitalito (Huila).

Los sentenciado son: el suboficial en retiro del Batallón de Infantería N°27 Magdalena del Ejército Nacional, Carlos Hernán Rodríguez Vera; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, estos tres adscritos en su momento a la estación de policía de Pitalito, y Gilberto Sevilla Marín, conocido como ‘Morocho’.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que unidades de la Policía Nacional detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad. Posteriormente, llegaron al lugar dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, y asumieron el control del procedimiento.

Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes con el supuesto de que sería colaborador de un grupo ilegal que tenía injerencia en el departamento, lo obligaron a subir a otro vehículo y lo llevaron a un punto desconocido. Dos días después, el 11 de febrero de 2009, el cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción de Oporapa (Huila).

Contra la condena conocida por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio, proceden los recursos de ley

*La víctima fue sacada de una estación de Policía y conducida a una zona rural para presionarla a entregar una información.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez presuntamente sometieron a un privado de la libertad a actos de tortura con el fin de ubicar una supuesta caleta con armas y dinero.

El 9 de julio de 2025, la víctima habría sido esposada, trasladada mediante engaños desde la estación de policía de San Vicente Ferrer a una zona rural de La Ceja (Antioquia), donde le exhibieron una pica y una pala, y la amenazaron con ser sepultada en la zona sino suministraba la información que necesitaban los uniformados.

El hombre logró escapar y llegar a una finca en La Unión (Antioquia), donde recibió auxilio y fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional, para su entrega voluntaria.

Dos días después, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera Hernández, en su condición de subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el privado de la libertad se había fugado durante un traslado médico.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los policías el delito de tortura.

Adicionalmente, a Herrera Hernández le formuló cargos por falsedad ideológica en documento público. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.