La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.

Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.

El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.

La investigación

El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.

Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados. Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes. Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.

Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.

Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso. Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.

La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos.

Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados. Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.

Como parte de las investigaciones que se siguen contra los componentes armados y financieros del ‘Clan del Golfo’ en la Costa Atlántica, la Fiscalía General de la Nación estableció que el jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, el intendente Harvey Arellano Cerda, sería el responsable de entregar
información privilegiada al grupo armado ilegal.

Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que el uniformado, al parecer, aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública en el departamento.

Esto lo haría con el propósito de alertar a la subestructura Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra.
De esta manera, los cabecillas evadían los operativos y evitaban que fueran impactadas sus finanzas ilegales.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminalesle imputó al intendente Arellano Cerda el delito de violación de datos personales agravado. El funcionario aceptó de manera libre y voluntaria el cargo en su contra.

En ese sentido, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa
de la libertad en su lugar de residencia.

El exservidor judicial fue acusado de autorizar el reconocimiento irregular de cesantías a docentes y de ordenar el embargo de cuentas oficiales.

Wilson Escarria Camacho, exjuez laboral de Buenaventura, fue presentado ante un juez de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien lo imputó como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Los cargos no fueron aceptados por el acusado.

Escarria Camacho, quien se encuentra detenido en un centro carcelario de Cali por otros casos presuntamente irregulares, es señalado de modificar y agrupar de manera irregular siete procesos ejecutivos relacionados con demandas de profesores contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio, por pagos atrasados de cesantías. En cada uno de estos procesos estaban involucrados entre 50 y 300 docentes.

Entre enero y noviembre de 2019, el exjuez emitió 53 fallos en los que favoreció a los docentes. No obstante, se determinó que habría actuado sin competencia para dictar esas decisiones y utilizado normas derogadas para fundamentar sus fallos. Además, habría ordenado el embargo de cuentas de entidades del Estado, lo cual está prohibido por la ley.

De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia, pero en los casos que quedaron firmes se depositaron más de 23.000 millones de pesos en una cuenta judicial, los cuales habrían sido dirigidos a los abogados de los demandantes.