*Siete personas que estarían involucradas en estas actividades ilícitas fueron capturadas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados figuraban como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, sin que los productos hubiesen cruzado la frontera. La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias que indican que se trataría de una maniobra ilícita que le permitió a un grupo de particulares y funcionarios justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito y hacerlos pasar como pagos por ventas al exterior entre 2020 y 2023.

En el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones. Por su parte, servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales (Nariño) habrían certificado falsamente la salida de las mercancías.

Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones. Producto de la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, fueron materializadas siete órdenes de captura en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño).

Los detenidos en las diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, son Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habría figurado como exportadoras; y Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar la salida de las cargas.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien impartió legalidad a los procedimientos realizados. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, y falsedad ideológica en documento público. En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos en esta investigación, se remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas detectadas.

*La investigación de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que cabecillas del autodenominado frente Jaime Martínez ordenaron el crimen.

Un supuesto trabajo de transporte fue la excusa que utilizaron las disidencias de la Farc para atraer al yerno del líder comunal Carlos Andrés Sánchez Hernández hasta un lugar donde pretendían asesinarlo.

El dirigente lo acompañó para orientarlo en la ruta y murió durante el ataque armado, ocurrido en enero de 2026 en Cucutilla (Norte de Santander).

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que, en diciembre de 2025, cabecillas del autodenominado frente Jaime Martínez ordenaron a Edinson Fernando Lame Mosquera y a otra persona causarle la muerte al familiar del líder porque supuestamente conocía información sobre los movimientos del grupo ilegal.

Los señalados sicarios se habrían desplazado desde el sur del país hasta Cúcuta, donde contactaron al hombre y le ofrecieron movilizar un vehículo desde Pamplona hasta Cúcuta.

El 13 de enero, el líder comunal acompañó a su yerno a la cita programada para cumplir la labor. Los dos fueron recogidos en un punto específico y trasladados en motocicletas.

Durante el recorrido, en un paraje solitario, fueron atacados con machetes.
Sánchez Hernández murió en el lugar, mientras que su familiar sufrió algunas heridas, pero logró escapar.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Lame Mosquera los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa.

El procesado aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

«Once presuntos integrantes recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. En el curso de la investigación fueron identificados y asociados 37 casos de extorsión y 19 hechos de desplazamiento forzado.

Cuotas mensuales de entre 100.000 y 500.000 pesos y plazos de un día para pagarlas habrían sido impuestos por ‘Bombillo Rojo’ a habitantes del barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20 de Cali (Valle del Cauca). Quienes no accedían eran amenazados de muerte, agredidos u obligados junto a sus familias a abandonar sus viviendas, de las que presuntamente se apropiaba la organización junto con sus enseres.

Producto de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación fueron identificados y asociados 33 casos de extorsiones consumadas y 4 tentadas, y 19 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, en los que estaría involucrada la estructura delincuencial, conformada por dos ‘clanes familiares’ del mismo sector.

Sus integrantes son señalados de seleccionar a las víctimas, llegar a sus residencias para exigirles dinero mediante intimidaciones con armas de fuego y desplazarlas de manera forzada.

Para recuperar los inmuebles después de ser expulsadas, les habrían cobrado en algunas oportunidades 50 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que también habrían instrumentalizado a menores de edad para vigilar a los afectados y recaudar los pagos enseñándoles cómo debían abordar a las víctimas y hacer los cobros.

Uno de los eventos delictivos documentados ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025, cuando dispararon y lanzaron piedras contra un inmueble, y amenazaron de muerte a una de sus residentes si no entregaba la llamada ‘vacuna’. La familia abandonó el lugar, donde funcionaba un comedor comunitario, y los presuntos responsables ingresaron para apoderarse de los bienes.

En este espacio las víctimas brindaban alimentación a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad del sector.

Más de 20 diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía y realizadas por la Policía Metropolitana de Cali, permitieron capturar a 11 personas que harían parte de ‘Bombillo Rojo’.