La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesid Albán Arcón Sandoval, presunto integrante de un grupo delincuencial dedicado a apoderarse del dinero de cuentas de ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, a quienes, al parecer, engañaban para cambiar sus tarjetas bancarias en los cajeros electrónicos de Barranquilla y su área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre febrero de 2024 y febrero de 2025, cuando este hombre abordaba a las víctimas en los cajeros automáticos y, al parecer, las engañaba diciéndoles que el dispositivo presentaba fallas y aprovechaba para realizar el cambiazo de los plásticos.

Momentos después, las víctimas notaban varios retiros, compras y otras transacciones que les generaban grandes pérdidas económicas. Al parecer, este grupo se apropió de cerca de 30 millones de pesos. Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y obstaculización ilegítima del sistema financiero agravada.

El procesado no aceptó los cargos. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación hicieron efectiva la orden de captura contra Arcón Sandoval en San Juan del Cesar (La Guajira). Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El hecho se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en el desembolso de los recursos de la logística de transporte y viáticos de los jurados en las elecciones del pasado mes de marzo.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado el alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios más de la administración municipal, por presuntos hechos de corrupción, que se habrían presentado en el marco de las elecciones del pasado 8 de marzo.
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Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional adelantaron el operativo en el que fueron capturadas las seis personas, en el municipio de Mutatá (Antioquia).

Según la investigación de la Fiscalía, se habrían detectado presuntas irregularidades en el desembolso de los recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos para los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral realizada el pasado 8 de marzo.

Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

*El procesado aceptó los cargos de manera libre y voluntaria.

Una discusión habría desencadenado el homicidio de una niña de 11 años y, horas después, de su madre, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en un inmueble del barrio Betania, en la localidad de Usme, en Bogotá. Tras los crímenes, el presunto responsable habría ocultado los cuerpos y emprendido un recorrido en vehículo con las víctimas.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el hombre, de 44 años, presuntamente asfixió a la menor de edad cuando salía rumbo al colegio, como represalia contra su madre por el altercado que se presentó.

Luego, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor le manifestó que tenía una sorpresa, le vendó los ojos y la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

Posteriormente, limpió las manchas de sangre con el propósito de ocultar evidencias.

En la madrugada del 9 de septiembre, al parecer, cambió de ropa a las víctimas, ubicó los cuerpos en los asientos delantero y trasero del carro y tomó camino hacia La Guajira.

Sin embargo, hacia el mediodía regresó a Bogotá y continuó su recorrido hacia Villavicencio (Meta). A la altura de Chipaque (Cundinamarca), fue capturado en flagrancia luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos personas en el automotor que no respondían a sus llamados.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de
feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El hombre aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.