*El médico fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación y la asociación de, por lo menos, 20 denuncias interpuestas por víctimas en Medellín (Antioquia), permitieron identificar un presunto patrón delictivo del médico urólogo, Alberto Posada Peláez, en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes.

El especialista es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban.

Los elementos materiales probatorios indican que el médico, al parecer, utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de varias de sus pacientes en su consultorio privado.

En ese sentido, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero localizado en el sur de Medellín. Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra y fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han denunciado.

*El hombre habría atacado a la mujer en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante causándole la muerte y abandonado el cuerpo en inmediaciones de un riachuelo.

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de la líder trans, de nombre identitario Fernanda Domicó, permitió la identificación y judicialización de Jhon Ever Martínez Avendaño, el presunto responsable de la acción delincuencial ocurrida en

La víctima, quien también se desempeñaba como representante de una comunidad indígena y jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba, Antioquia, salió de su lugar de residencia y se encontró con el hoy procesado en una finca, a la cual acudían con frecuencia.

El hombre es señalado de agredir a la mujer con un objeto contundente y un arma cortopunzante ocasionándole la muerte en el inmueble. De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, posteriormente habría trasladado el cuerpo a inmediaciones de un riachuelo y dejado abandonado en una zona boscosa, donde fue encontrado por habitantes del sector.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Martínez Avendaño los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, cargos que no aceptó.

Entre tanto, una juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El procesado, a través de un oficio, expresó su voluntad de aceptar los cargos para recibir sentencia de manera anticipada.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la entidad.

Los elementos materiales probatorios indican que, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto, inicialmente favoreció a un contratista específico con la orden de proveeduría 192 de 2023, que ascendió en valor a 48.600 millones de pesos y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.

Por esta intervención ilegal habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos y permitió que terceros se apoderaran de 13.340 millones.

Adicionalmente, es señalado de orientar de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los 29.000 millones de pesos.

En este negocio jurídico se habría presentado una apropiación de recursos por parte del contratista de 11.114 millones de pesos.

Olmedo de Jesús López Martínez, previo a la radicación del escrito de acusación y a través de su abogado, manifestó de manera escrita su voluntad de aceptar los cargos y someterse a sentencia anticipada.