*El solicitado habría solicitado el dinero en dos oportunidades, asegurando que podía favorecer a la aspirante con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), por presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero el procesado contactó telefónicamente a la aspirante y concertó una reunión en su residencia, donde presuntamente le exigió el dinero.

Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad para manipular los resultados electorales y favorecerla con los votos ofrecidos.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. El cargo no fue aceptado.

*Los procesados habrían cumplido funciones de inteligencia, logística y planeación de atentados, además de apoyar actividades de extorsión.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Júnior José Redín Segura, Pablo Andrés Mosquera Ramírez, Jenny Marilín Cepeda Cortés y Julián Esteban Burbano Burbano, presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en la planeación y ejecución de acciones terroristas en Pasto (Nariño).

De acuerdo con la investigación, desde 2025 habrían integrado esta estructura armada ilegal, con injerencia en Nariño y Valle del Cauca, dedicada al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios selectivos y los atentados terroristas.

Los elementos materiales probatorios indican que Mosquera Ramírez y Cepeda Cortés habrían participado en la coordinación del atentado con explosivos contra la sede de una emisora radial, perpetrado el 25 de noviembre de 2025 en el centro de Pasto.

Al parecer, asistieron a las reuniones en las que se planeó el ataque y coordinaron la entrega del artefacto explosivo.

Redín Segura y Burbano Burbano, por su parte, presuntamente cumplían funciones permanentes de inteligencia, coordinación y planeación de ataques con explosivos.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, y terrorismo.

Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Se trata de Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, quien habría participado en la planeación y ejecución de la retención y desaparición del profesional.

El 4 de abril de 2022, un ingeniero forestal, que adelantaba trabajos para una empresa pública en San Andrés de Cuerquía (Antioquia), fue interceptado por varios hombres, quienes lo amenazaron con armas blancas y un revólver, además de agredirlo y subirlo a un camión.

Ese mismo día la víctima fue vista por testigos en una vivienda y en el vehículo que lo retuvieron. Desde ese momento se desconoce su paradero.

La investigación, adelantada por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que los responsables de la desaparición serían integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO) Los Mesa que delinquen en el noroccidente antioqueño.

Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, para la época de los hechos investigados sería el coordinador de ‘Los Mesa’ en la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.

Al parecer, fue quien planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima, se encargó de la custodia y estaría implicado en su desaparición.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Ortiz Muñoz el delito de desaparición forzada. Cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este hombre fue notificado en un centro penitenciario de Tierra Alta (Córdoba), donde se encuentra cumpliendo una condena desde marzo de 2025, por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

En este proceso ya fueron judicializados alias 300 y alias Paisa, quienes se encuentran privados de la libertad en centro carcelario