En la madrugada de este lunes 21 de septiembre, tres soldados profesionales perdieron la vida y otros cuatro militares resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos improvisados en la vereda La Unión, municipio de La Macarena, Meta.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. Según la información preliminar entregada por la Fuerza de Tarea Omega, el atentado habría sido perpetrado por la Estructura Ever Castro, perteneciente a las disidencias al mando de alias Calarcá.

De manera casi simultánea, en la vereda Puerto Chorizo del municipio de Vistahermosa, Meta, tropas que realizaban labores de desplazamiento fueron atacadas con otra carga explosiva y ráfagas de fusil de largo alcance, dejando como saldo dos soldados profesionales heridos. Ante la magnitud de las emboscadas, el Ejército Nacional desplegó de inmediato un operativo aéreo y médico para la extracción de los seis uniformados lesionados en ambos municipios, trasladándolos hacia el dispensario de Apiay y el Hospital Departamental de Villavicencio para garantizar su atención especializada.

El Comando de la Fuerza de Tarea Omega rechazó categóricamente estos actos terroristas e informó que interpondrá las denuncias correspondientes por las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Tras expresar sus condolencias y disponer de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los soldados asesinados, la institución militar ratificó que las operaciones continuarán desarrollándose en el suroriente colombiano para neutralizar el accionar criminal de estas estructuras armadas y proteger a la población civil de la región.

*Ataque sería obra del Estado Mayor Central.

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Policarpa, Nariño, después de que se presentara una hostigamiento contra una estación de Policía.

Al parecer, los responsables de este hecho criminal habrían sido los integrantes de la columna ‘Franco Benavides’ del Estado Mayor Central.

No se reportaron heridos hasta ahora por este hecho.

Producto de esta situación, se presentaron alteraciones del orden público en el municipio, por lo que la Fuerza Pública tuvo que intervenir.

*Ante el protocolo que plantea el Gobierno para el ingreso de la Fuerza Pública en las universidades.

La Defensoría del Pueblo afirmó que ante el anunció de un protocolo para que la Fuerza Pública ingrese a las universidades, se debe distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones violentas.

El Ministerio Público advierte que la autonomía universitaria no excluye a los espacios universitarios de la Constitución, la ley o de la actuación legítima de las autoridades.

Pero, la entidad es enfática en que deben preservar la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas.

«Existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad. La flagrancia es una de ellas, y en estos casos, no se refiere como regla general de autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, ninguna circunstancias habilita actuales ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y diferenciación».

La Defensoría del Pueblo acotó que las asambleas estudiantes, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus universitarios.

«Se trata de expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes de reunirse y manifestarse pacíficamente en las universidades», agregó.

La Defensoría del Pueblo destacó que es clave «evitar interpretaciones amplias que terminen equiparando la protesta o la inconformidad con conductas violentas o delictivas».

Precisó que si bien el Estado debe actuar para enfrentar conductas violentas, esto no puede «traducirse en una intervención indiscriminada sobre el conjunto de estudiantes, docentes, trabajadores o demás integrantes de la comunidad universitaria, ni en la limitaciones generalizadas del derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica».

El órgano instó a que el diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar un lugar central, mientras que el uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a una necesidad concreta.

Recordó que la historia de Colombia tiene casos de intervención de la Fuerza Pública en escenarios universitarios, por eso se debe tener «especial cuidado» para no restringir «indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales».

Por último, solicitó que el protocolo sea expedido después de un proceso participativo y que debe quedar de manera clara y precisa los «supuestos excepcionales» de intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías para prevenir excesos en el uso de la fuerza.