Un hecho violento se presentó en la tarde de este miércoles en la calle 80B con carrera 42A, barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla.

La información preliminar señala que dos presuntos sicarios iban a atentar contra José Luis Tapia Escorcia, excandidato al concejo de Barranquilla en las elecciones de 2023, cuando llegaba a su casa.

No obstante, los escoltas de Tapia Escorcia reaccionaron y abatieron a uno de los presuntos sicarios, que quedó muerto dentro del inmueble y lograron herir al otro.

La Policía hizo presencia en el sitio y trasladó al herido a un centro asistencial en calidad de capturado.

Testigos señalan que, incluso, se originó un intercambio de disparos entre los presuntos sicarios y los escoltas.

El excandidato José Luis Tapia Escorcia resultó ileso en el suceso.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.

De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.

Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.

Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.

La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.

*Sin embargo, seguirá siendo investigado por acto sexual violento.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema Justicia resolvió la situación jurídica del senador Josué Alirio Barrera Rodríguez y no impuso ninguna medida de aseguramiento en su contra.

Sin embargo, el alto tribunal indicó que el congresista del Centro Democrático, seguirá siendo investigado por acto sexual violento.

Recordemos que, en abril de 2026, la Corte abrió investigación formal contra Barrera, por la presunta agresión sexual contra una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare.

La Fiscalía seccional de Casanare remitió al alto tribunal la denuncia contra el exgobernador para que analizara la apertura de una investigación.

Al ser congresista, Barrera tiene un fuero que solo permite que sea investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos habrían tenido lugar en 2016, cuando unos jóvenes recurrieron a la Gobernación para conseguir apoyo para una actividad de una iglesia.

Una joven que hacía parte de la congregación y que trabajaba en el despacho de Alirio Barrera se dirigió al entonces gobernador para manifestarle los motivos de la reunión con el grupo religioso.

En ese encuentro, supuestamente el senador la besó a la fuerza, a pesar de que la mujer lo rechazó en múltiples ocasiones.

Después, Barrera sacó una maleta y le dio $400 mil en efectivo para que los entregara a la iglesia.