*El intendente llevaba 19 años en la Policía y tenía un hijo de 10 años.

El operativo para ubicar a los responsables de un triple homicidio terminó con la muerte de un integrante de la Policía Judicial en el sur de Bogotá. El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, fue impactado con arma de fuego durante un intercambio de disparos en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El agente hacía parte de un grupo de la Sijín que adelantaba labores para identificar y localizar a los responsables del asesinato de tres personas ocurrido horas antes en la misma localidad. Tras resultar herido, sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, los tres homicidios iniciales estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

Mientras los investigadores adelantaban las verificaciones para encontrar a los responsables, llegaron hasta un punto donde se encontraron de frente con varios de los presuntos delincuentes. En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala en el rostro y quedó gravemente herido.

El intendente llevaba 19 años en la Policía, tenía un hijo de 10 años y se encontraba realizando labores propias de su unidad de investigación cuando ocurrió el ataque. Después del enfrentamiento, la Policía desplegó un operativo con unidades de la Sijín, Sipol y diferentes cuadrantes para localizar a los responsables.

De acuerdo con el general Cristancho, tres personas fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego que ahora son sometidas a las respectivas investigaciones.

Las autoridades buscan establecer si los detenidos participaron en el ataque contra el intendente y si también estarían relacionados con el triple homicidio ocurrido horas antes.

Debe hacerlo «en alocución en radio y televisión a realizarse el martes 30 de septiembre de 2026».

Un juez ordenó al Presidente Abelardo De La Espriella ofrecer disculpas al país por vulnerar la neutralidad religiosa durante su posesión, el pasado 7 de agosto, en la que la religión fue protagonista con alabanzas y oraciones de líderes espirituales.

El juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al mandatario, al resolver en primera instancia una acción de tutela, que «en alocución en radio y televisión a realizarse el martes 30 de septiembre de 2026» ofrezca disculpas al país «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente».

Instó además a De La Espriella abstenerse de «incurrir en conductas que lleven aparejado su inclinación a la iglesia católica o a cualquier otro credo particular».

Aunque Colombia es un Estado laico, la religión fue protagonista del final del acto solemne de posesión, llevado a cabo en la Arena USC de la ciudad de Cali.

Durante el acto intervino el rabino David Michaan, quien leyó versículos del Antiguo Testamento y terminó su discurso al grito de «Viva Colombia y viva Israel».

Le siguieron el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, que pidieron, por separado, que cesen los atentados terroristas, vuelva la seguridad y prime la unión.

Las intervenciones religiosas se produjeron ante una audiencia integrada por congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales y marcaron una parte significativa de la ceremonia que, además del componente constitucional de la transmisión del mando, incorporó distintos elementos religiosos y espirituales, entre ellos una imagen de la Virgen María.

En la decisión, que puede ser impugnada, el juez también pidió al mandatario emitir una directiva presidencial «en la que ordene a los servidores públicos que deben respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en todos los actos que en ejercicio de sus funciones ejecuten».

Igualmente ordenó al presidente del Congreso, senador Honorio Henríquez, que pida disculpas a Colombia «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión del presidente», pues la investidura del mandatario se llevó a cabo durante una sesión del Poder Legislativo.

*La Sala Especial de Instrucción busca establecer si los recursos fueron recibidos en cuentas personales y cuál habría sido su destino.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, del Movimiento Libres, por el delito de peculado por apropiación, debido a presuntas irregularidades en la recolección de ayudas económicas destinadas a los damnificados por el terremoto en Chocó.

La denuncia señala que las donaciones solicitadas a ciudadanos estarían siendo recibidas en cuentas bancarias personales del congresista, situación que ahora será revisada por el alto tribunal.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema busca establecer qué ocurrió con los recursos, cuánto dinero habría sido recibido y cuál fue el destino de las ayudas.

Para avanzar en el proceso de verificación, el congresista será citado a versión libre, una diligencia en la que podrá explicar su actuación, responder a los señalamientos y entregar la información que considere necesaria.

La indagación está relacionada con los posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. El primero se refiere, de manera general, a recibir dinero de varias personas de forma repetida sin cumplir con las condiciones legales para hacerlo, mientras que el segundo consiste en ejercer funciones que corresponden a una autoridad o cargo público sin estar autorizado para ello.

El congresista Óscar David Benavides Angulo es abogado, líder social y político de Tumaco, Nariño, y llegó a la Cámara de Representantes para el periodo legislativo iniciado en 2026. Es representante por la circunscripción especial de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pertenece al Movimiento Libres.

Por ahora, la apertura de la indagación no significa que la Corte haya determinado que Benavides sea responsable de algún delito. Se trata de una etapa inicial en la que el alto tribunal recopilará información para determinar qué sucedió con las donaciones y si existen elementos que permitan avanzar en una investigación más formal.