*Los elementos materiales probatorios indican que el procesado habría aprovechado la cercanía que mantenía con la menor de edad, quien participaba en actividades parroquiales y grupos juveniles a su cargo.

La relación de confianza que un sacerdote construyó con una niña de 13 años, a partir de su labor como guía espiritual, habría sido el pretexto utilizado por el religioso para ejercer actos en contra de la formación e integridad sexual de la menor de edad, en hechos ocurridos en noviembre de 2025, en Buga (Valle del Cauca).

Andrés Felipe Restrepo Obando, quien ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio, al parecer, estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual.

Posteriormente, la menor de edad habló con sus familiares y les contó lo sucedido. La versión fue reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y funcionarios de policía judicial que asumieron las labores investigativas.

En es sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al religioso el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado. Tras evaluar los argumentos de las partes, el juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a Restrepo Obando medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

*En la investigación fueron identificadas otras dos personas señaladas de retirar los recursos en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o utilizarlos para realizar compras.

Un empleado de un banco en Valledupar (Cesar) habría utilizado su acceso privilegiado a los sistemas de la institución para facilitar la suplantación de 19 clientes y el hurto de más de 870 millones de pesos entre el 18 de abril al 9 de agosto de 2024.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al trabajador y a otros dos hombres señalados de participar en el esquema. El funcionario, Claudio David Coronado Aragón, sería un insider, término usado para referirse a una persona que, por su vínculo laboral o contractual, tiene permisos para entrar y consultar las bases de datos de una organización y aprovecha esas facultades para auspiciar una conducta delictiva.

En este caso, al parecer, dispuso de sus credenciales y las de otros empleados para registrar falsas novedades biométricas de los usuarios financieros en los sistema de la entidad. En ese sentido, presuntamente alteró los datos de las víctimas, gestionó la reposición de sus tarjetas y otorgó avales para que fueran entregadas a personas distintas. Asimismo, estaría implicado en el cambio de las claves para permitir el desvío de dinero desde las cuentas afectadas hacia productos de terceros.

Los otros posibles implicados en las actividades ilícitas detectadas son Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, quienes habrían recibido los recursos extraídos ilegalmente a los clientes, realizado retiros en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o compras en establecimientos de comercio.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos trasladó escrito de acusación en contra de los tres hombres por el delito de hurto por medios informáticos agravado, en los términos del procedimiento penal especial abreviado. Una juez de control de garantías de Becerril (Cesar) impuso a Coronado Aragón medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.

*Cinco presuntas integrantes fueron capturadas en Barranquilla y Girón. Se les atribuyen ganancias ilícitas mensuales millonarias. Barranquilla.

Las visitas a personas privadas de la libertad habrían sido utilizadas como fachada para introducir cocaína, marihuana y otras sustancias a establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad en diferentes zonas del país. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió poner al descubierto a ‘Las Invisibles’, la red que estaría involucrada en esta modalidad delictiva.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional, capturaron en Barranquilla y Girón (Santander) a cinco presuntas integrantes de la organización. De manera simultánea, fueron realizadas diligencias de registro y allanamientos en las cárceles La Modelo de Barranquilla, Palo Gordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar.

En los procedimientos se incautaron 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos con información de datos relevantes para el desarrollo de las investigaciones, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo. Los elementos materiales probatorios indican que ‘Las Invisibles’ tramitaban permisos para entrar a distintos centros carcelarios con el supuesto de visitar a familiares o conocidos.

De esta manera, ingresaban estupefacientes ocultos o adheridos al cuerpo para llevarlos a patios específicos y venderlos a internos que se encargaban de la distribución en los penales. Esta actividad ilícita, al parecer, les permitía recaudar mensualmente ganancias millonarias. Un fiscal de la Seccional Atlántico presentará a las cinco capturadas ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.