*En la investigación se conoció un acto terrorista en el que habría sido incinerado un bus de servicio intermunicipal por el no pago de la exigencia económica.

El recaudo de dinero producto de extorsiones, el suministro de víveres, medicamentos y armas, las labores logísticas y la adquisición de clorhidrato de cocaína serían algunas de las actividades desarrolladas por tres hombres que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, harían parte de la denominada compañía Héroes de Tarazá del ELN, con presencia en Cáceres, Tarazá y Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Se trata de los hermanos Jaider Giovanni y Wilder Arley Vera Gil, y John Argenis Mazo Chavarría, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantía e imputados por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado y terrorismo.

Los elementos materiales probatorios indican que Jaider Giovanni Vera Gil sería el encargado de agrupar los recursos provenientes de extorsiones a comerciantes ubicados sobre la Troncal al Caribe. Además, estaría relacionado con la incineración de un bus de servicio intermunicipal, ocurrida el 15 de diciembre de 2025, acción que generó temor entre la población y afectó la movilidad por este corredor vial.

Los otros dos procesados son señalados de cumplir diferentes roles relacionados el abastecimiento de alimentos y diversos elementos para la estructura armada; así como el cobro de las exigencias económicas que imponía el grupo ilegal a diversos sectores económicos de la región. Los tres hombres no aceptaron los cargos en su contra y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Se trata de 42 activos que habrían permanecido ocultos mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía para darle apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades.

El rastreo a movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar bienes que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros que estuvo al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.

Los elementos materiales probatorios indican que, durante varios años, fueron utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar para ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.

En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia).

Entre los activos hay inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales; y en Cali, sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, que asciende en extensión a 1.083 hectáreas.

*Entre las víctimas hay menores de edad pertenecientes a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Tres murieron mientras permanecían en las filas de esa organización ilegal.

La Fiscalía General de la Nación acreditó ante un juez penal especializado de Antioquia el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes por parte de 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en hechos ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron vinculadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. De acuerdo con la investigación, una vez incorporados a esa organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados.

Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN. Las pruebas acopiadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fueron presentadas en juicio oral evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual.

Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Lo anterior, siendo situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna.

En ese sentido, el juez especializado de Antioquia condenó por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión.

Asimismo, fueron sentenciados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión.

La decisión también vinculó a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón, quienes fueron sentenciados a 11 años y 8 meses de prisión. Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas. La decisión fue apelada.