*En la investigación fueron identificadas otras dos personas señaladas de retirar los recursos en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o utilizarlos para realizar compras.

Un empleado de un banco en Valledupar (Cesar) habría utilizado su acceso privilegiado a los sistemas de la institución para facilitar la suplantación de 19 clientes y el hurto de más de 870 millones de pesos entre el 18 de abril al 9 de agosto de 2024.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al trabajador y a otros dos hombres señalados de participar en el esquema. El funcionario, Claudio David Coronado Aragón, sería un insider, término usado para referirse a una persona que, por su vínculo laboral o contractual, tiene permisos para entrar y consultar las bases de datos de una organización y aprovecha esas facultades para auspiciar una conducta delictiva.

En este caso, al parecer, dispuso de sus credenciales y las de otros empleados para registrar falsas novedades biométricas de los usuarios financieros en los sistema de la entidad. En ese sentido, presuntamente alteró los datos de las víctimas, gestionó la reposición de sus tarjetas y otorgó avales para que fueran entregadas a personas distintas. Asimismo, estaría implicado en el cambio de las claves para permitir el desvío de dinero desde las cuentas afectadas hacia productos de terceros.

Los otros posibles implicados en las actividades ilícitas detectadas son Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, quienes habrían recibido los recursos extraídos ilegalmente a los clientes, realizado retiros en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, o compras en establecimientos de comercio.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos trasladó escrito de acusación en contra de los tres hombres por el delito de hurto por medios informáticos agravado, en los términos del procedimiento penal especial abreviado. Una juez de control de garantías de Becerril (Cesar) impuso a Coronado Aragón medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.

*Cinco presuntas integrantes fueron capturadas en Barranquilla y Girón. Se les atribuyen ganancias ilícitas mensuales millonarias. Barranquilla.

Las visitas a personas privadas de la libertad habrían sido utilizadas como fachada para introducir cocaína, marihuana y otras sustancias a establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad en diferentes zonas del país. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió poner al descubierto a ‘Las Invisibles’, la red que estaría involucrada en esta modalidad delictiva.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional, capturaron en Barranquilla y Girón (Santander) a cinco presuntas integrantes de la organización. De manera simultánea, fueron realizadas diligencias de registro y allanamientos en las cárceles La Modelo de Barranquilla, Palo Gordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar.

En los procedimientos se incautaron 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos con información de datos relevantes para el desarrollo de las investigaciones, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo. Los elementos materiales probatorios indican que ‘Las Invisibles’ tramitaban permisos para entrar a distintos centros carcelarios con el supuesto de visitar a familiares o conocidos.

De esta manera, ingresaban estupefacientes ocultos o adheridos al cuerpo para llevarlos a patios específicos y venderlos a internos que se encargaban de la distribución en los penales. Esta actividad ilícita, al parecer, les permitía recaudar mensualmente ganancias millonarias. Un fiscal de la Seccional Atlántico presentará a las cinco capturadas ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

*Se trata de 42 activos que habrían permanecido ocultos mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía para darle apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades.

El rastreo a movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar bienes que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros que estuvo al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.

Los elementos materiales probatorios indican que, durante varios años, fueron utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar para ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.

En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia).

Entre los activos hay inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales; y en Cali, sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, que asciende en extensión a 1.083 hectáreas.