*Juan Manuel Herrera Arbeláez habría convencido a más de 1.100 personas de invertir en un supuesto complejo hospitalario en Saboyá que nunca fue construido.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez por, presuntamente, haber estafado a más de 1.100 personas con la promesa de construir un complejo hospitalario en Saboyá, Boyacá. De acuerdo con el ente acusador, el especialista habría captado ilegalmente más de 2.276 millones de pesos mediante la venta de consultorios y aportes económicos de ciudadanos que creyeron en el proyecto de salud.

Según la investigación, Herrera Arbeláez comenzó a promocionar la iniciativa desde el año 2012, asegurando que el hospital estaría completamente terminado y en funcionamiento para 2016.

El proyecto contemplaba la construcción de 40 consultorios médicos y fue presentado como una oportunidad de inversión y generación de empleo para profesionales de la salud y habitantes de la región.

La Fiscalía indicó que el médico utilizó su reconocimiento profesional y diferentes medios de comunicación para atraer inversionistas y generar confianza entre los interesados.

Las autoridades señalaron que cada consultorio era comercializado por un valor cercano a los 70 millones de pesos y que, además, alrededor de 1.100 ciudadanos realizaron aportes de 2 millones de pesos bajo la promesa de recibir beneficios especiales en servicios médicos.

La Fiscalía sostuvo que el médico también habría asegurado contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero para respaldar el desarrollo del complejo hospitalario.

*Wilfrido Vallejo Mindiola participó en actividades relacionadas con la producción y almacenamiento de artefactos explosivos no convencionales en La Guajira.

Wilfrido Vallejo Mindiola, alias El Mono, exintegrante de las extintas Farc – EP, deberá cumplir la condena impuesta en su contra de 15 años y 8 meses de prisión por fabricar y suministrar de minas antipersona usadas para realizar ataques contra la fuerza pública en La Guajira.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria para acreditar que esta persona, desde 2008, se vinculó al entonces frente 59 del grupo armado ilegal, y cumplió diferentes actividades de orden logístico como el transporte de uniformes, labores de inteligencia, acompañamiento de comisiones y vigilancia armada, hasta convertirse en uno de los principales productores de artefactos explosivos no convencionales.

En el curso de la investigación se conoció que algunas de las minas antipersona elaboradas por Vallejo Mindiola fueron utilizadas por las Farc – EP el 9 de abril de 2009, en el sector El Volador, en El Molino (La Guajira).

Con la decisión conocida, queda en firme la condena que lo declaró responsable de los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Además, deberá pagar una multa equivalente a 758,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal.

*Videos de cámaras de seguridad y otras evidencias indican que habría movilizado al sicario que disparó contra el funcionario.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible participación de Carlos Andrés Triviño Lugo en el homicidio del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Juan Fernando Ríos Aristizábal, perpetrado el 12 de junio de 2021, en Tuluá (Valle del Cauca).

Esta persona habría movilizado en una motocicleta al sicario que interceptó y atacó a la víctima cuando se dirigía a su lugar de residencia, luego de finalizar la jornada laboral.

Tres días después del homicidio fue capturado con una pistola Glock que, de acuerdo con los análisis balísticos, fue utilizada para disparar contra la víctima.

Los videos de las cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas en el curso de la investigación dan cuenta de que Triviño Lugo presuntamente estuvo en la escena del crimen, facilitó la ejecución del ataque y la huida del agresor.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Caquetá le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

El procesado deberá permanecer privado de la libertad en el centro carcelario.

Actualmente cumple una condena impuesta en su contra por otros hechos delictivos.