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Empresa Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar paramilitares en Colombia

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La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable por financiación del paramilitarismo en Colombia, según determinó la justicia de Estados Unidos, luego de seis semanas de juicio. La compañía ya se había declarado culpable por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de que el Departamento de Justicia estadounidense la investigara.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa llegó a efectuar 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. La entrega del dinero se llevó a cabo entre 1997 y 2004, con el objetivo de contar con “seguridad privada”, proporcionada por los paramilitares.

Según detalló Cambio, la multinacional se defendió en los juicios asegurando que los millones de dólares entregados a las AUC, lideradas por la Casa Castaño, obedecieron a una necesidad de proteger a los trabajadores de la empresa de los mismos paramilitares, por cuenta de las extorsiones y amenazas que estos ejecutaban.

No obstante, según el medio citado, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al decidir financiar el paramilitarismo en Colombia, sabiendo los crímenes que se cometían. Incluso, indicó que no puede exonerársele de responsabilidad a pesar de que, en efecto, hubiera sido objeto de intimidaciones.

Los 10 jueces que escucharon los argumentos de las partes tomaron la decisión de declarar culpable a la empresa. “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, aseguró el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons, citado por Cambio.

Según dicha organización sin ánimo de lucro, que se dedica a emprender acciones legales contra “poderosas corporaciones” en defensa de los derechos humanos, todo el proceso inició en 2007, cuando interpusieron una demanda colectiva federal en nombre de las víctimas de las AUC en Colombia.

Pues, el dinero que Chiquita Brands entregó a los hombres armados permitió que sus operaciones delictivas se mantuvieran en varias regiones bananeras del país. Exdirectivos, expresidentes y exconsejeros generales de la empresa fueron señalados por las víctimas de hacer parte de este entramado.

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, cuyo saldo fue 607 víctimas. Esto ocurrió entre 1991 y 2011, años en los que habitantes, líderes y lideresas sociales, trabajadores y sindicalistas, fueron asesinados.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega recordó que los paramilitares dejaron más de 4.000 víctimas en el Urabá. “La justicia norteamericana ha avanzado, primero impuso una multa de 25 millones de dólares a esa empresa, pero ese dinero quedó en Estados Unidos y las víctimas están en Colombia. En Colombia, las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo, sobre todo en esa región, gozan de impunidad”, detalló el exfuncionario.

Indicó que ni la justicia ordinaria, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni Justicia y Paz, han impartido justicia con respecto a las acciones delictivas de la multinacional en el país. “Esperamos nosotros que la justicia colombiana, de manera pronta, decida sobre esos temas, ubique las responsabilidades e imponga las sanciones que se requieren”, precisó Vega, el 30 de abril de 2024, cuando empezaron los juicios contra Chiquita Brands en Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Tiempo, aunque fue la justicia estadounidense la que halló culpable a la compañía, se aplicará el Código Civil colombiano y, en esa medida, las víctimas tendrán que ser indemnizadas.

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En Medellín capturaron a tres presuntos coordinadores y a un supuesto sicario que operaban en las comunas 8 y 9

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La Policía del área metropolitana del Valle de Aburrá anunció cuatro capturas por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir.

En el desarrollo de la investigación, las autoridades constataron que estas personas pertenecían a un grupo delincuencial que afectaba la convivencia y seguridad de los ciudadanos por medio de delitos como la venta de estupefacientes y la extorsión, entre otros.

Los presuntos coordinadores delictivos serían ‘Yeris’ y ‘La pija’, quienes estarían a cargo de liderar las acciones ilegales en la comuna 9, Buenos Aires, como son la venta de estupefacientes. Así mismo, con la captura de un hombre conocido como ‘Máscara’ por el delito de homicidio agravado consumado, homicidio en la modalidad imperfecta de la tentativa fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, parece esclarecerse el homicidio de Ómar Heredia ocurrido el pasado 11 de marzo, en la misma comuna.

Las autoridades informaron que fue la información aportada por la ciudadanía la que orientó a los uniformados de la Dirección de Investigación Criminal, quienes tardaron 11 meses investigando y recaudando información para aportar las pruebas suficientes para que la Fiscalía ordenara las órdenes de captura en contra de estos tres hombres.

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Capturaron al comandante de la Policía de La Ceja, Antioquia, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo

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El comandante de la estación de Policía de La Ceja, Oriente antioqueño, capitán Guillermo Stevens Salgado Rendón, fue capturado en la mañana de este miércoles por presuntos vínculos con el Clan del Golfo en el departamento de Caldas, de acuerdo con información de inteligencia, en hechos en los que también habrían resultado implicados otros seis uniformados, a los cuales capturaron en distintas regiones del país.

Agentes de la Dijín de la Policía Nacional llegaron hasta la estación de Policía del municipio y allí detuvieron a este oficial, mientras que simultáneamente en Bogotá se registraba la detención del teniente Santos Steven Pirabán Martínez, quien formaba parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la institución.

A los otros uniformados, cuyas identidades no trascendieron, los detuvieron las unidades de la Dijín, en conjunto con la Fiscalía, en Pereira, Armenia y Manizales, y entre ellos hay también subintendentes y patrulleros que estarían implicados en las acciones delictivas de este grupo.

Según los registros judiciales, a estos uniformados los investigan por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, constreñimiento ilegal, prevaricato, privación ilegal de la libertad y detención arbitraria especial, proceso que lleva el juzgado segundo promiscuo de La Dorada, Caldas.

Las investigaciones que se le llevaban al comandante de La Ceja y a los demás uniformados datan de 2022, según fuentes judiciales del caso, luego de los señalamientos hechos por un presunto integrante de la banda La Empresa, la cual delinque en el oriente del departamento de Caldas y que presta servicios en la actualidad para el Clan del Golfo.

Las primeras indagaciones del caso indicarían que los uniformados estarían implicados en la captura ilegal de una persona, a la cual acusaron de un asesinato en el que nada tenía que ver para presentarlo como un positivo, todo con el fin de encubrir a los verdaderos responsables de este hecho y que serían miembro de esta estructura criminal.

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Vandalizaron imágenes religiosas en al menos tres veredas del municipio de Granada, Antioquia

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Los habitantes de Granada, en el Oriente antioqueño, no salen de la consternación luego de que varias imágenes religiosas tradicionales ubicadas en zonas rurales del municipio aparecieran vandalizadas esta semana. Aunque aún se desconoce quiénes están detrás de este hecho y cuáles son las motivaciones que tuvieron para cometerlo, hay preocupación porque en este pueblo, de marcada tradición católica, no recuerdan que hubiera pasado algo similar.

El padre Benancio de Jesús Ochoa, párroco de la parroquia Santa Bárbara de Granada, dijo que se han conocido las denuncias de estos hechos en por lo menos tres veredas del municipio, unas de ellas en límites con San Carlos, lo que ha hecho que la gente se muestre muy conmovida porque suelen respetar y cuidar mucho los símbolos religiosos. Los monumentos vandalizados, principalmente advocaciones de la Virgen María, están ubicados en zonas al aire libre, en caminos veredales en los que las personas suelen persignarse, prender una vela, hacer una oración o rezar una novena.

“No sabemos qué pasa, uno entra en preocupación porque el que está haciendo esto no debe ser alguien como muy normal, es alguien malintencionado, son imágenes a las que la gente les tiene mucha fe”, señaló el padre Benancio. La misma idea tienen otras personas de la comunidad que esperan que las autoridades logren establecer por qué dañaron las imágenes.

Edwin Fernando Giraldo, presidente del Concejo de Granada, manifestó que por lo pronto no se ha logrado establecer con certeza ningún detalle del caso y que los hechos son materia de investigación. Fue enfático en decir que desde el Concejo municipal, la alcaldía, la parroquia y la comunidad en general rechazan este daño a la tradición popular y religiosa de los habitantes: “Algunos se preguntan por qué se vandalizaron varias imágenes religiosas que se encontraban en el camino entre Granada y San Carlos”.

Por ello, desde el Concejo de Granada también se pronunciaron rechazando el que catalogaron como “una degradación y falta de respeto que atenta contra la libertad de culto”, que es respaldada por la Constitución de Colombia. Varias personas le dijeron a este medio que pese a que la mayoría en el municipio es católica, se ha respetado la libertad de culto y no se han presentado problemas por profesar creencias.

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