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El general (r) Mauricio Santoyo seguirá preso: la JEP volvió a negarle la libertad

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La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la decisión que se tomó en su momento de negar la solicitud de libertad condicional al general retirado Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

«En primer lugar, el señor Santoyo tiene una condena en firme proferida en EEUU por un delito relacionado con el conflicto: conspiración para proveer apoyo a las autodenominadas AUC, el cual, en la legislación colombiana, equivale al de concierto para delinquir», indicó la Sección.

«Por ello, en cumplimiento del componente estricto del deber de aportar verdad, no solo está obligado a reconocer responsabilidad por este hecho, sino que debe aportar información acerca de las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. Sin embargo, hasta el momento, el compareciente ha incumplido estas dos obligaciones», agregó.

La Sección puntualizó que Santoyo se «ha negado a aceptar que colaboró con las autodenominadas AUC con el argumento de que se allanó al cargo de conspiración que la justicia norteamericana le formuló por «razones de conveniencia» y como parte «de una estrategia defensiva»».

Además, según la Sección, se ha abstenido de informar acerca de las circunstancias en las cuales prestó su colaboración a este grupo armado ilegal, pese a que en el acta de aceptación de cargos que suscribió ante las autoridades norteamericanas reconoció expresamente que recibía sobornos de manos de sus integrantes a cambio de compartir con ellos información oficial privilegiada para facilitar su actividad ilegal y eludir la acción de las autoridades.

La Sección le ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que determine si la actitud del compareciente, consistente en abstenerse de cumplir con el componente estricto del deber de aportar verdad y de presentar un CCCP satisfactorio, resulta incompatible con el mantenimiento del beneficio de privación de la libertad en unidad militar o policial (PLUMP) y con su permanencia misma en el Sistema Integral de Paz.

«En caso afirmativo, deberá dar apertura a un incidente de revocatoria de beneficios liberatorios o de incumplimiento de régimen de condicionalidad, según corresponda, luego de valorar si los aportes realizados por el señor Mauricio Santoyo Velasco el 18 de junio de 2024 en cumplimiento del ordinal cuarto de la Resolución n.o 1845 del 14 de mayo del año en curso, han rehabilitado de alguna manera sus compromisos con el Sistema», añadió.

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En intento de atraco hirieron a un subintendente de la Policía en Barranquilla

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Un subintendente de la Policía, de 33 años de edad, adscrito a la Unidad de Fuerza Disponible Púrpura de la Metropolitana de Barranquilla, resultó herido a bala en medio de un intento de atraco, en hechos ocurridos en la calle 75B con carrera 41, barrio Betania, en el norte de Barranquilla.

La información recopilada por las autoridades señala que el policía, de civil, había salido de hacer ejercicios en el gimnasio que está dentro del Centro Comercial Único, pero cuando caminaba por la dirección anteriormente mencionada rumbo a su residencia, en un conjunto residencial cercano, fue interceptado por un hombre en moto que lo intimidó con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias.

No obstante, el policía reaccionó al lanzarle el termo de agua que llevaba en sus manos. Al instante, el delincuente le disparó logrando herirlo en su brazo derecho.

El antisocial logró darse a la huida en una motocicleta, de color negra, mientras que el subintendente, por sus propios medios, llegó a a la Clínica La Asunción, donde recibió atención médica.

El antisocial emprendió la huida en una moto de color negra bajando por la carrera 41 hacia la calle 72. Del policía se conoció que cuenta con 13 años en las filas de la institución armada.

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Corte acusó al senador Didier Lobo por sobrecostos en un contrato de alimentación infantil

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*Lo señalan de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La Corte Suprema de Justicia acusó al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

El alto tribunal indicó que la investigación está relacionada con un contrato para suministrar alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y madres lactantes del municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar.

«En ese contrato se habrían registrado sobrecostos por más de mil millones de pesos derivados del elevado valor proyectado para los productos alimenticios», indicó la Corte. Precisó que el expediente pasará a la Sala Especial de Primera Instancia.

Lobo fue alcalde de Jagua de Ibirico entre 2012 y 2015, y fue elegido senador por Cambio Radical desde 2018, por lo que está comenzando su tercer periodo en el legislativo.

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Hombre asesinó a su padre en medio de una pelea intrafamiliar

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*El responsable del homicidio fue capturado por las autoridades.

Una riña familiar terminó en tragedia en el barrio Uribe Ángel del municipio de Envigado, cuando un hombre de 64 años fue asesinado dentro de su vivienda, luego de tener un altercado con su hijo. La víctima fue identificada como Diego Alonso Gómez Saldarriaga y, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, los vecinos del sector alertaron sobre una fuerte discusión al interior de la residencia, en donde se habrían escuchado algunos gritos.

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron sin vida a Gómez Saldarriaga, quien recibió 14 heridas provocadas con arma blanca por su hijo que fue retenido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras la ayuda de la comunidad del barrio Uribe Ángel.

Las primeras hipótesis que manejan desde el Sur del Valle de Aburrá se basa en que los habitantes del sector también señalaron que, al parecer, padre e hijo habían protagonizado anteriormente otros altercados dentro de la vivienda.

De momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué desencadenó la pelea y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque que cobró la vida del adulto mayor.

El supuesto asesino deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado y será la Fiscalía General de la Nación la encargada de presentar los elementos materiales probatorios y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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