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El general (r) Mauricio Santoyo seguirá preso: la JEP volvió a negarle la libertad

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La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la decisión que se tomó en su momento de negar la solicitud de libertad condicional al general retirado Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

«En primer lugar, el señor Santoyo tiene una condena en firme proferida en EEUU por un delito relacionado con el conflicto: conspiración para proveer apoyo a las autodenominadas AUC, el cual, en la legislación colombiana, equivale al de concierto para delinquir», indicó la Sección.

«Por ello, en cumplimiento del componente estricto del deber de aportar verdad, no solo está obligado a reconocer responsabilidad por este hecho, sino que debe aportar información acerca de las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. Sin embargo, hasta el momento, el compareciente ha incumplido estas dos obligaciones», agregó.

La Sección puntualizó que Santoyo se «ha negado a aceptar que colaboró con las autodenominadas AUC con el argumento de que se allanó al cargo de conspiración que la justicia norteamericana le formuló por «razones de conveniencia» y como parte «de una estrategia defensiva»».

Además, según la Sección, se ha abstenido de informar acerca de las circunstancias en las cuales prestó su colaboración a este grupo armado ilegal, pese a que en el acta de aceptación de cargos que suscribió ante las autoridades norteamericanas reconoció expresamente que recibía sobornos de manos de sus integrantes a cambio de compartir con ellos información oficial privilegiada para facilitar su actividad ilegal y eludir la acción de las autoridades.

La Sección le ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que determine si la actitud del compareciente, consistente en abstenerse de cumplir con el componente estricto del deber de aportar verdad y de presentar un CCCP satisfactorio, resulta incompatible con el mantenimiento del beneficio de privación de la libertad en unidad militar o policial (PLUMP) y con su permanencia misma en el Sistema Integral de Paz.

«En caso afirmativo, deberá dar apertura a un incidente de revocatoria de beneficios liberatorios o de incumplimiento de régimen de condicionalidad, según corresponda, luego de valorar si los aportes realizados por el señor Mauricio Santoyo Velasco el 18 de junio de 2024 en cumplimiento del ordinal cuarto de la Resolución n.o 1845 del 14 de mayo del año en curso, han rehabilitado de alguna manera sus compromisos con el Sistema», añadió.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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