La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, concluyó una Auditoría Financiera al Fondo Nacional del Ahorro -FNA, sobre la vigencia 2023, donde se determinaron nueve hallazgos de los cuales dos tienen incidencia fiscal por valor de $1.970.224.268, tres tienen alcance disciplinario y un hallazgo da lugar a Indagación Preliminar -IP por valor de $391.477.037.
Detección de fraudes y deficiencias en la gestión del pago de cesantías y el cobro de créditos hipotecarios en el FNA
La Contraloría General de la República identificó importantes irregularidades en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) durante la vigencia 2023.
En primer lugar, se detectaron cuatro retiros fraudulentos de cesantías por canal presencial en el punto de atención de Barranquilla, por un total de $252.448.573. Estos retiros se realizaron mediante la suplantación de identidad del consumidor con documentos falsos, lo que evidencia fallos en los procedimientos de verificación y control.
De otra parte, se reportaron 27 casos de retiros fraudulentos de cesantías por canal virtual, realizados mediante la actualización indebida de datos personales, lo que permitió transacciones no autorizadas por un valor de $391.477.037 pesos, frente a este particular la CGR ha solicitado la apertura de una indagación preliminar para establecer los presuntos responsables de estas irregularidades
Adicionalmente, la auditoría reveló deficiencias significativas en la gestión de cobro de créditos hipotecarios, con un hallazgo que asciende a $1.717.775.695 debido a 15 obligaciones prescritas. Estas deficiencias se deben a la falta de ejecución de la acción cambiaria y de la cobranza judicial dentro del plazo legal de tres años. Entre las debilidades encontradas se destaca la ausencia de la totalidad de los títulos valor necesarios para iniciar el cobro judicial y la falta de aplicación de procedimientos establecidos para la cancelación y reposición de títulos valor.
En conclusión, el FNA no realizó la gestión de cobro judicial por no contar con garantías de los créditos hipotecarios señalados. Esto, debido a deficiencias en la ejecución de los procesos relacionados con la constitución, custodia y control de garantías.
Garantías que no se pueden hacer efectivas
Asimismo, y respecto de las garantías de créditos hipotecarios y educativos, se identificó un hallazgo con incidencia disciplinaria dado que existen 468 obligaciones de créditos desembolsados entre el año 1993 y 2023, con un saldo a capital de $21.159.985.014, de las cuales el FNA no posee la totalidad de las garantías en custodia física (escrituras, pagarés, carta de instrucciones, entre otros). De estas obligaciones, 464 corresponden a créditos hipotecarios y 4 a créditos educativos.
Tal situación genera un riesgo en la recuperación de dichos recursos al no poder hacer efectivas las garantías por ausencia de las mismas, en el evento en que los créditos entren en mora superior a 180 y 90 días para los créditos hipotecarios y educativos, respectivamente.
También se produce desgaste administrativo del FNA y/o un costo adicional al tener que contratar personal que ejecute actividades tendientes a lograr la reposición de los títulos valores extraviados.
Llama particularmente la atención de la CGR que esta deficiencia es recurrente, y a pesar de que el FNA cuenta con una acción de mejora contemplada en el Plan de Mejoramiento con vencimiento al 31 de diciembre 2023, la auditoría concluyó que ese Plan de Mejoramiento fue INEFECTIVO, con un porcentaje de efectividad del 0%, por cuanto, las acciones no fueron ejecutadas en su totalidad y por otra parte, las acciones no subsanaron las causas que originaron los hallazgos, puesto que se evidenciaron nuevos hallazgos con las mismas causas.
Recomendación de la CGR
La Contraloría General de la República insta al FNA a revisar y mejorar sus procedimientos de Retiros de Cesantías Virtual y Presencial, así como el de Cancelación y Reposición de Título Valor de las garantías que impiden la gestión de cobro de los créditos; para garantizar una gestión eficaz y oportuna de los recursos públicos, evitando así futuros detrimentos patrimoniales y garantizando la protección de los bienes del Estado.
