*La Contraloría declara impacto nacional y revela un caso donde la obra existe, los contratos están firmados, pero el servicio nunca llegó a la comunidad
En el corregimiento de Doña María, en el municipio de Fundación, Magdalena, la historia del acueducto y alcantarillado quedó atrapada entre dos realidades que no coinciden entre sí: la del papel y la del territorio.
En los documentos oficiales, el proyecto aparece como una obra terminada, con actas de recibo, porcentajes de ejecución casi completos y recursos prácticamente ejecutados en su totalidad. Pero en la práctica, la comunidad sigue sin contar con un sistema de agua potable funcionando de manera real y continua.
El caso terminó escalando hasta la Contraloría General de la República, que lo declaró de impacto nacional, al advertir un posible daño fiscal por $4.719.514.179.
UNA OBRA TERMINADA EN PAPEL, PERO INEXISTENTE EN SERVICIO
El proyecto de acueducto y alcantarillado fue ejecutado bajo el contrato de obra L.P.-006-2022, con interventoría del contrato CMA-006-2022, y fue presentado como una intervención integral para mejorar el acceso al agua potable en el corregimiento.
En los registros aparece una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 99,85%, lo que en principio sugiere una obra concluida.
Sin embargo, el hallazgo central es otro:
El sistema construido no es funcional, no está operativo y no presta el servicio para el cual fue diseñado.
La comunidad de Doña María continúa sin recibir agua potable desde esta infraestructura, pese a la inversión ejecutada.
UNA RESPUESTA OFICIAL QUE NO DESVIRTUÓ LOS HALLAZGOS
Dentro del proceso, la Alcaldía de Fundación remitió una respuesta extensa con anexos técnicos, documentos y soportes para controvertir las observaciones del equipo auditor.
Sin embargo, el análisis de la Contraloría fue categórico al respecto:
La documentación aportada por la Alcaldía no desvirtúa las observaciones; por el contrario, las confirma, las detalla y las agrava.
Es decir, la defensa institucional no logró desmontar los hallazgos, sino que terminó reforzando la conclusión del ente de control sobre la inoperancia del sistema.
PERMISOS INCOMPLETOS Y UN PROYECTO QUE AVANZÓ SIN SOPORTE TOTAL
El expediente describe que el proyecto se ejecutó sin que estuvieran completamente asegurados los requisitos técnicos, ambientales y legales necesarios para su operación.
Entre los elementos identificados se encuentran:
Concesiones de agua que no fueron completadas o fueron devueltas por la autoridad ambiental
Ausencia de autorización sanitaria en firme
Falencias en permisos ambientales y urbanísticos
Inconsistencias en la situación predial del terreno donde se construyó la infraestructura
Incluso se registra que la autoridad ambiental competente devolvió solicitudes por falta de documentación completa.
UNA FUENTE CON RIESGO SANITARIO ELEVADO
El análisis técnico también advierte sobre la fuente de abastecimiento del sistema, la cual presenta condiciones críticas.
Se reporta un índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) cercano al 89%, catalogado como alto riesgo sanitario, y descrito en los informes como una fuente “inviable sanitariamente”.
Pese a ello, la infraestructura fue construida y pagada dentro del proyecto.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, PERO SIN VIDA OPERATIVA
Las verificaciones en campo muestran un sistema físicamente existente, pero con múltiples fallas funcionales:
Componentes eléctricos expuestos a la intemperie
Equipos fuera de operación
Estructuras con signos de corrosión y deterioro prematuro
Pozos de inspección con obstrucciones
Elementos del sistema sin uso real ni mantenimiento efectivo
Todo esto refuerza la conclusión central del expediente: la obra existe, pero no cumple su función.
RECURSOS PAGADOS CASI EN SU TOTALIDAD
El proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías, y los pagos superan los $4.700 millones, distribuidos entre contratistas e interventores.
En el expediente aparecen como principales ejecutores:
ARCA – Asociación Regional de Municipios del Caribe, como contratista de obra
Consorcio Inter Doña María, encargado de la interventoría.
A pesar de estos desembolsos, el resultado final no se traduce en la prestación efectiva del servicio de agua potable.
LA CONTRALORÍA DECLARA EL CASO DE IMPACTO NACIONAL
Frente a la magnitud del hallazgo, el Contralor General de la República expidió el Auto No. 689 del 27 de marzo de 2026, mediante el cual:
Declara los hechos como de impacto nacional
Ordena investigación fiscal especializada
Activa el Grupo de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías
Asigna el caso a la Contraloría Delegada correspondiente
El caso pasa así de ser un asunto municipal a una investigación de relevancia nacional.
LOS NOMBRES Y CARGOS EN EL EXPEDIENTE
El proceso involucra múltiples actores institucionales, contractuales y de control.
En el nivel territorial aparecen:
Carlos Sierra Sánchez, alcalde municipal y ordenador del gasto durante la ejecución del proyecto, Javier María Segebre, secretario de infraestructura y supervisor del contrato
En la ejecución contractual:
ARCA – Asociación Regional de Municipios del Caribe, contratista de obra, consorcio Inter Doña María, interventoría del proyecto, Seguros del Estado S.A., aseguradora del contrato de obra, Seguros Mundial S.A., aseguradora de garantías contractuales
En el control fiscal:
Carlos Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, Diana Molina Méndez, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para Responsabilidad Fiscal del SGR, Lázaro Salcedo Caballero, contralor Delegado Intersectorial del Grupo de Responsabilidad Fiscal, Equipo auditor integrado por Soraya Astrid Murcia Quintero, María Alejandra Suaza Zambrano, Cristian Enrique Palacio Fonseca y Diego Armando Posada Vargas
UNA HISTORIA QUE SIGUE ABIERTA
El expediente deja una inquietud que atraviesa todo el caso: cómo una obra puede ser recibida, pagada y reportada como terminada, si en la práctica nunca ha funcionado como sistema de agua para la comunidad
En Doña María, la infraestructura está construida, los contratos están cerrados y los recursos fueron ejecutados. Pero el servicio que justificó la inversión aún no se materializa.
