*Los procesados habrían exigido 80 millones de pesos para dejar en libertad a la víctima.

Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, presuntos integrantes del grupo delincuencial trasnacional ‘Tren de Aragua’, serían los responsables del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander, el pasado 29 de abril.

De acuerdo las evidencias en poder la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue retenida en un inmueble del corregimiento de Urimaco, en San Cayetano; y posteriormente trasladada a una vivienda del barrio 20 de Julio, en Villa del Rosario, donde permaneció retenida.

Los elementos materiales probatorios indican que Palencia Garavito y Ortiz Amado habrían cumplido funciones de vigilancia y custodia del ciudadano extranjero, y exigido 80 millones de pesos por su liberación en medio de actos de tortura y otras conductas en contra de su integridad. Finalmente, el comerciante fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, al tiempo que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió un juez penal de control de garantías.

La Fiscalía imputó cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por el delito de presunto acoso sexual ante el Tribunal Superior de Bogotá, por hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional. Según el ente acusador, las conductas investigadas habrían sido cometidas contra la uniformada Lina Suárez Londoño y la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz, en medio de relaciones marcadas por la subordinación y la jerarquía institucional.

Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que el General retirado “desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida”, aprovechando “su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía”, y generando un entorno “intimidante, humillante y degradante” que habría afectado la libertad y dignidad sexual de las dos mujeres.

En el caso de Lina Suárez Londoño, según la imputación, Zapateiro habría sostenido comunicaciones con expresiones de carácter personal e íntimo, manifestando que observaba reiteradamente el rostro de la uniformada y que deseaba continuar mirándola. Además, el ente acusador indicó que el entonces comandante del Ejército solicitó de manera expresa fotografías personales, incluso sugiriendo que fueran tomadas con el celular de la funcionaria.

Para la Fiscalía, estas conductas “desbordaron el ámbito funcional propio de la relación institucional” y ocurrieron en un contexto de subordinación derivado de la relación vertical de poder existente dentro de la institución militar.

El ente investigador también mencionó que, posteriormente, Lina Suárez Londoño fue contactada por un ayudante de Zapateiro para solicitar información relacionada con el proceso administrativo que adelantaba para escalafonarse. Tres días después de entregar los datos requeridos, fue excluida del proceso de ingreso a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, pese a haber aprobado las pruebas físicas y académicas. Según la Fiscalía, recibió calificaciones desfavorables en las evaluaciones psicológicas “sin que mediara una explicación objetiva suficiente”.

En cuanto a Liliana Zambrano Ruiz, la Fiscalía aseguró que el general retirado le habría enviado múltiples mensajes de índole sexual.

De acuerdo con el ente acusador, las llamadas y mensajes insistentes evidenciarían un comportamiento persistente orientado a ejercer presión e intimidación en medio de la relación de subordinación existente.

Durante la diligencia judicial, Zapateiro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

El oficial retirado fue comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y en los últimos meses había acompañado actividades políticas relacionadas con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

*Estados Unidos los requiere en extradición por coordinar y materializar la salida de estupefacientes por el Golfo de Morrosquillo y otras zonas costeras del Caribe colombiano.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y en articulación con la Armada Nacional y la agencia estadounidense (DEA), logró materializar las capturas con fines de extradición de seis presuntos integrantes de una estructura al servicio del ‘Clan de Golfo’, que sería la responsable de coordinar y materializar el envío por vía marítima de toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos, México y países de Centroamérica.

Estas personas fueron localizadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Berrugas (Sucre), Moñitos (Córdoba) y Cartagena (Bolívar).

Se trata de Jaime Banquez Herazo, alias Mocho, señalado cabecilla de la red criminal que definía la logística para garantizar la salida de lanchas rápidas desde el Golfo de Morrosquillo y otras zonas del Caribe colombiano hacia destinos internacionales. Ober Luis Berrio Ramos, Arnovis Álvarez Julio, Cesar Jiménez Pájaro y Álvaro Ramos Galeano, señalados pilotos de las embarcaciones encargados de recoger los alijos en puntos costeros y llevarlos a áreas predeterminadas por la organización; y Dionis Cardales Castillo, alias Pepo, quien sería el encargado de los dispositivos de seguridad para alertar los controles y movimientos de las autoridades en los lugares de embarque.

Una Corte Federal del Distrito Este de Dallas (Texas) solicita a estos seis hombres por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas.

El requerimiento internacional
precisa que estarían implicados en el envío de cerca de cinco toneladas de cocaína.

Los capturados quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites diplomáticos y legales para concretar su extradición a Estados Unidos.