La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos de prueba y evidencia física que dan cuenta de la existencia de un entramado de corrupción conformado por funcionarios y particulares, que exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en Cali (Valle del Cauca).
Los presuntos involucrados son cinco servidores de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio.
Estas personas son señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, entre 2019 y 2022. En algunos casos los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron 103 millones de pesos.
Por estos hechos, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturó a los implicados en diligencias realizadas en Cali. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de
aseguramiento en centro carcelario.
