*Los involucrados habrían aprovechado la situación de poder que tenían sobre sus estudiantes para cometer los abusos.

Como resultado de las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializados tres docentes señalados de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad en hechos ocurridos en Cesar, Bogotá y Meta.

El primer caso se registró en El Paso (Cesar), donde José Nolberto Muñoz Villazón fue judicializado por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

Por otra parte, en Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero, entre 2019 y 2020, presuntamente sometió a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual.

Asimismo, en Villavicencio (Meta) fue judicializado Jimmy Cárdenas Machado, señalado de realizar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años entre 2023 y marzo de 2026.

Por lo anterior, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) imputaron a los investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

Los tres investigados no aceptaron los cargos y jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Entre las presuntas irregularidades se encuentran modificaciones al presupuesto en una licitación pública sin los estudios previos ni los anexos técnicos requeridos, entre otras.

Por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas durante el trámite de contratación para la prestación del servicio de aseo en Quibdó (Chocó), en 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde Martín Emilio Sánchez Valencia; a la exsecretaria general, Gloria Lizeth Palacios Córdoba; y al entonces coordinador de contratación, Beymar Alexander Mosquera Borja.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Chocó, los entonces funcionarios habrían participado en actuaciones irregulares durante las etapas precontractuales de dos licitaciones públicas que tenían por objeto contratar los servicios de aseo y generales para las instituciones educativas del municipio, la Secretaría de Educación, la administración central y otras sedes de la Alcaldía de Quibdó.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que las presuntas irregularidades culminaron con la celebración, en febrero de 2021, de un contrato por 1.568 millones de pesos, sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales exigidos para adelantar el proceso contractual.

La investigación estableció que, presuntamente, eliminaron de la plataforma SECOP II una de las licitaciones, utilizaron documentos de otro proceso que no contaba con aviso de convocatoria ni estudios previos, modificaron el cronograma y el presupuesto sin los soportes técnicos requeridos, y adjudicaron el contrato por fuera de la fecha prevista en el pliego de condiciones.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó escrito de acusación en su contra y los procesados deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

*La víctima, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida durante cerca de cinco horas y sometida a torturas que le causaron la muerte.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaran, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la tortura y posterior homicidio de un campesino, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar de Frontino (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol.

Las labores de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que permaneció retenida durante cerca de cinco horas, tiempo en el que fue sometida a tratos crueles, entre ellos asfixia y sofocamiento.

La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar.

Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro.

Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó a los cinco militares a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Por estos mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión.

En este proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad.