*Las autoridades chilenos señalan que el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda tuvo un «móvil político».

Extraditados desde Estados Unidos y Colombia llegaron a Chile este viernes Rafael Gámez Salas, alias ‘El Turko’, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el ‘Gocho’, dos de los inculpados por la Fiscalía en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.

Según informó el Ministerio Público, ambos imputados habrían participado del crimen de disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción ‘Los Piratas’ del ‘Tren de Aragua’, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía chilena desde un principio es que el crimen de Ojeda tuvo un «móvil político», y se han confirmado gestiones para interrogar al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, prisionero en Estados Unidos.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la Justicia.

Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a internos de alta peligrosidad.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.

El ‘Tren de Aragua’ nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Catalogada como una de las bandas más peligrosas de la región, el ‘Tren de Aragua’ se instaló en Chile en los últimos años aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

De acuerdo a las autoridades chilenas, esta organización se ha expandido a lo largo de todo el país llegando a controlar diversos mercales ilegales como la extorsión y la explotación sexual.

*El intendente llevaba 19 años en la Policía y tenía un hijo de 10 años.

El operativo para ubicar a los responsables de un triple homicidio terminó con la muerte de un integrante de la Policía Judicial en el sur de Bogotá. El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, fue impactado con arma de fuego durante un intercambio de disparos en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El agente hacía parte de un grupo de la Sijín que adelantaba labores para identificar y localizar a los responsables del asesinato de tres personas ocurrido horas antes en la misma localidad. Tras resultar herido, sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, los tres homicidios iniciales estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

Mientras los investigadores adelantaban las verificaciones para encontrar a los responsables, llegaron hasta un punto donde se encontraron de frente con varios de los presuntos delincuentes. En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala en el rostro y quedó gravemente herido.

El intendente llevaba 19 años en la Policía, tenía un hijo de 10 años y se encontraba realizando labores propias de su unidad de investigación cuando ocurrió el ataque. Después del enfrentamiento, la Policía desplegó un operativo con unidades de la Sijín, Sipol y diferentes cuadrantes para localizar a los responsables.

De acuerdo con el general Cristancho, tres personas fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego que ahora son sometidas a las respectivas investigaciones.

Las autoridades buscan establecer si los detenidos participaron en el ataque contra el intendente y si también estarían relacionados con el triple homicidio ocurrido horas antes.

Debe hacerlo «en alocución en radio y televisión a realizarse el martes 30 de septiembre de 2026».

Un juez ordenó al Presidente Abelardo De La Espriella ofrecer disculpas al país por vulnerar la neutralidad religiosa durante su posesión, el pasado 7 de agosto, en la que la religión fue protagonista con alabanzas y oraciones de líderes espirituales.

El juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al mandatario, al resolver en primera instancia una acción de tutela, que «en alocución en radio y televisión a realizarse el martes 30 de septiembre de 2026» ofrezca disculpas al país «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente».

Instó además a De La Espriella abstenerse de «incurrir en conductas que lleven aparejado su inclinación a la iglesia católica o a cualquier otro credo particular».

Aunque Colombia es un Estado laico, la religión fue protagonista del final del acto solemne de posesión, llevado a cabo en la Arena USC de la ciudad de Cali.

Durante el acto intervino el rabino David Michaan, quien leyó versículos del Antiguo Testamento y terminó su discurso al grito de «Viva Colombia y viva Israel».

Le siguieron el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, que pidieron, por separado, que cesen los atentados terroristas, vuelva la seguridad y prime la unión.

Las intervenciones religiosas se produjeron ante una audiencia integrada por congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales y marcaron una parte significativa de la ceremonia que, además del componente constitucional de la transmisión del mando, incorporó distintos elementos religiosos y espirituales, entre ellos una imagen de la Virgen María.

En la decisión, que puede ser impugnada, el juez también pidió al mandatario emitir una directiva presidencial «en la que ordene a los servidores públicos que deben respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en todos los actos que en ejercicio de sus funciones ejecuten».

Igualmente ordenó al presidente del Congreso, senador Honorio Henríquez, que pida disculpas a Colombia «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión del presidente», pues la investidura del mandatario se llevó a cabo durante una sesión del Poder Legislativo.