*Las actividades ilícitas que se les atribuye habrían ocurrido en ejercicio de sus cargos en la sede de la entidad en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, judicializó a cuatro funcionarios de la Seccional La Guajira de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por posibles actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus cargos.

Tres de los hoy procesados, identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica de salud mental, luego de identificar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la DIAN.

Los procesados venían exigiendo el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones superiores a los 1.500 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que la empresaria no desembolsó la suma solicitada y en retaliación fue afectada con embargos a las cuentas bancarias, requerimientos reiterados y expedición de actos administrativos en su contra.

La Fiscalía documentó, al menos, seis reuniones entre los señalados implicados y la víctima, en dos de las cuales presuntamente hicieron peticiones de dinero.

El otro funcionario vinculado, de nombre Erwin Yasser Escudero Rondón, sería el encargado de alertar a una organización delincuencial dedicada a actividades de contrabando en la Troncal del Caribe sobre los operativos y controles aduaneros. Asimismo, se le atribuye la devolución de mercancía aprehendida por las autoridades y favorecer el tránsito de productos que ingresaban de manera ilegal al país a cambio de dádivas.

En el curso de la investigación se conocieron siete eventos delictivos en los que el funcionario habría participado en maniobras para alterar resultados operacionales mediante falsas incautaciones de cigarrillos y otras acciones orientadas a beneficiar estructuras de contrabando

*La niña murió en un centro asistencial por un cuadro de neumonía que no fue atendido oportunamente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a una mujer de 22 años, investigada por la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué (Tolima).

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión.

Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna.

Esta situación derivó en una neumonía que comprometió su pulmón derecho.

Actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, permitieron conocer que la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección al no gestionar la atención que requería la niña.

El 26 de mayo, la llevó a un centro asistencial de El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Allí falleció al día siguiente.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

La procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El hombre es señalado de poner a disposición vehículos para movilizar personas a zonas campamentarias del oriente del país, donde serían entrenadas en manejo de armas y técnicas
de combate.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar ilegal de Fidel Escobar Ramírez, quien sería el responsable de garantizar el transporte de personas adultas y menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc en Cauca.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el 9 de noviembre de 2024, este hombre habría contratado a un conductor y puesto a disposición un vehículo de su propiedad para movilizar a una adolescente de 14 años de Popayán (Cauca) a Mesetas (Meta).

Durante el trayecto el automotor fue interceptado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, y la joven recuperado para restablecimiento de sus derechos.

La víctima señaló en su momento que fue reclutada en medio de engaños y entrenada durante un año en el manejo de armas, desarme de fusiles y acondicionamiento físico.

Asimismo, le habrían asignado armamento de largo alcance hasta el momento en el que se definió su traslado hacia el oriente del país.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cauca imputó a Escobar Ramírez el delito de reclutamiento ilícito.

El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.