En Fundación, Magdalena, la indignación ya no se comenta en privado: se expresa públicamente. Existe una sentencia judicial en firme, confirmada en segunda instancia, que ordena proteger a la comunidad frente al riesgo de desbordamiento del río. Es una orden clara, ejecutoriada y obligatoria. Sin embargo, su cumplimiento integral sigue pendiente.
El 25 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta amparó el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres, ordenando al Municipio adoptar medidas estructurales concretas. El fallo fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Magdalena y quedó en firme. Desde entonces, su ejecución no depende de voluntades políticas sino del deber constitucional de obedecer a la justicia.
En los sectores ribereños la percepción es de abandono
Habitantes sostienen que la administración encabezada por la alcaldesa Luz Helena Andrade, habría priorizado tres obras viales que, aunque importantes para la movilidad, no tendrían la urgencia de una sentencia destinada a prevenir una posible emergencia por desbordamiento.
“Las murallas quedaron bien hechas, eso hay que reconocerlo”, afirma un líder comunitario. “Pero la sentencia no hablaba solo de murallas. Hablaba de obras complementarias para garantizar que cuando el río crezca y se desborde, no volvamos a vivir con miedo. Eso no se ha cumplido”.
Otra voz de rechazo es aún más directa: “Aquí no estamos discutiendo política, estamos hablando de seguridad. Cada invierno vivimos con la incertidumbre. No entendemos por qué se pueden hacer otras obras y no completar lo que ordenó el juez”.
Para los habitantes ribereños, el riesgo no es una hipótesis técnica. Es una experiencia repetida. Cada temporada de lluvias revive la preocupación. Cada aumento del caudal del río recuerda que la sentencia ordenó acciones adicionales que siguen sin ejecutarse.
En medio de esa tensión, también surgen voces de respaldo a la accionante Carmiña Mireya Escorcia Barrios, promotora de la Acción Popular que dio origen al fallo. Algunos ciudadanos la reconocen como una mujer persistente que no ha dejado que el proceso se diluya en el tiempo.
“Carmiña es una voz que no se rinde”, dicen vecinos del sector. “Gracias a ella existe una sentencia que nos protege. Si hoy seguimos hablando del tema es porque ella no ha permitido que quede en el olvido”.
El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta mediante solicitud de incidente de desacato, mecanismo previsto por la ley para hacer cumplir las órdenes cuando la autoridad obligada no actúa de manera integral.
«Aquí no está en juego únicamente una diferencia entre administración y ciudadanía, está en juego la seguridad de quienes viven junto al río y la credibilidad del Estado, porque cuando una sentencia firme no se cumple en su totalidad, el mensaje es preocupante: que las prioridades administrativas pueden imponerse sobre la autoridad judicial», dijo Escorcia.
En Fundación la sentencia existe, está confirmada y obliga. Lo que sigue en discusión es si se cumplirá completa y oportunamente, antes de que la naturaleza vuelva a poner a prueba lo que la justicia ya advirtió.
