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Corte Suprema condena al exsenador José Ignacio Mesa de Cambio Radical por paramilitarismo

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El congresista fue encontrado responsable de haber sostenido nexos con la Oficina de Envigado y las AUC con los que logró ser alcalde del municipio de Envigado, su fortín político, y Senador en dos periodos.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, a 6 años y 3 meses de prisión al exsenador antioqueño José Ignacio Mesa Betancur, del partido Cambio Radical, por nexos con el paramilitarismo y la “Oficina de Envigado”.

De acuerdo con lo probado por la magistratura, el excongresista y exalcalde de Envigado sostuvo nexos con esas estructuras armadas de los cuales se benefició para sus aspiraciones políticas, logrando llegar a ser alcalde de esa población vecina a Medellín (1995 – 1996) y además llegando al Congreso entre 1998 y 2006.

Para la Sala, declaraciones como las de Diego Fernando Murillo “Don Berna” y Juan Carlos Sierra “El Tuso” contaron con absoluta claridad. En ellas, dieron cuenta que Mesa Betancur fue un político adherido a la “Oficina de Envigado” quien de hecho era muy cercano a Gustavo Upegui, antiguo accionista del equipo de esa ciudad y señalado de ser socio de Pablo Escobar (Upegui fue asesinado en 2006).

“Del caudal probatorio se pudo establecer que el procesado, con ánimo de permanencia, se adhirió a la organización “Oficina de Envigado” como apéndice de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) a través de sus líderes Daniel Mejía Ángel y Gustavo Upegui, con la finalidad de obtener el apoyo económico y electoral que le permitiera alcanzar satisfactoriamente sus aspiraciones políticas” indica el fallo.

Incluso, ‘El Tuso’ Sierra testificó, en prueba que fue tomada por la Sala, que los nexos de Mesa Betancur comenzaron en 1994 cuando como comerciante de Envigado comenzó a financiar a los paramilitares luego de que “Don Berna” le expusiera el proyecto “político y militar”.

Asimismo, se pudo establecer, en primera instancia y según el criterio de la Corte, que la relación de José Ignacio Mesa con dichas estructuras criminales se transformó para ahora ser financiado para sus campañas políticas. Así lo expuso ‘El Tuso’ indicando que Daniel Mejía Ángel “Danielito” cabecilla de la “Oficina” por orden de “Berna” recogía fondos para aportarle a las campañas de Mesa.

‘Berna’, asimismo, en declaración ante la justicia señaló que la relación con José Ignacio Mesa Betancur se remonta a incluso épocas del Cartel de Medellín puesto que el padre del exsenador, Jorge Mesa, era según el exparamilitar, un reconocido socio de Pablo Escobar Gaviria.

Por cuenta de todo lo anterior, y la ausencia de “dubitación” alguna por parte de los declarantes, para la Corte “sin remisión a equívocos, Diego Fernando Murillo señaló a José Ignacio Mesa Betancur no sólo como hijo del exalcalde Jorge Mesa sino que también indicó que fue alcalde y muy amigo de Gustavo Upegui, quien como miembro importante e influyente en los temas políticos de la “Oficina de Envigado” lo apoyó en sus campañas políticas”.

Asimismo, en el marco del concierto para delinquir, para la Sala de Primera Instancia se encontró probado que el exsenador de Cambio Radical participó en un “contubernio” con sus aliados paramilitares para armar un falso secuestro de congresistas (que realmente eran parapolíticos como él), organizado por Carlos Castaño Gil, con el fin de presionar al gobierno y oponerse a la zona de despeje con las Farc. Dicho secuestro consistía en que se escondieran en una finca y simular que los “paras” los tenían detenidos.

Tales asuntos fueron corroborados por Diego Murillo Bejarano “Don Berna”, “El Tuso Sierra” y alias ‘El Pocho’ del Bloque Minero de las AUC y al contrario de esto, Mesa incurrió en bastantes contradicciones, de acuerdo con los magistrados.

“Sobre el particular, el procesado ha incurrido en insalvables incongruencias al referir en su versión libre que el secuestro se presentó cerca del parque de Envigado, cuando dos sujetos lo abordan (…) no obstante en la diligencia de indagatoria Mesa Betancur señaló unas circunstancias sustancialmente diversas a las precitadas” concluyó la Corte.

Además, en el marco de su labor como alcalde la Corte encontró relaciones contractuales con la esposa de su “promotor” Gustavo Upegui para la presunta compra de uniformes deportivos, y de hecho en el momento en que llegó a la alcaldía lo hizo con el 84% de los votos, cuando era, según el fallo, respaldado por los paramilitares. Asimismo, en el marco de su labor congresional también se planteó que puso su cargo al servicio de ese grupo criminal.

Así entonces, ante las incongruencias en sus declaraciones y las pruebas provenientes de altos mandos de dichas estructuras criminales que lo vincularon (las cuales fueron encontradas claras y delimitadas), para la Corte, en primera instancia, refulgió clara la relación “criminal” entre José Ignacio Mesa y las AUC-Oficina de Envigado.

“Los referentes probatorios analizados denotan que JOSE IGNACIO MESA BETANCUR conocía la ilegalidad de sus actos y le era exigible otra conducta, pese a ello, destino su voluntad al propósito delictivo del que da cuenta la actuación, a sabiendas de que con ello lesionaba la seguridad pública” concluyó la Sala de Primera Instancia.

Los magistrados no le concedieron ni la sustitución de la pena ni la detención domiciliaria, por lo cual, se tendría que expedir orden de captura contra el exsenador José Ignacio Mesa Betancur de quedar en firme la decisión. El excongresista podrá apelar el fallo ante la Sala de Casación Penal.

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Muere joven colombiano en Ucrania: combatía contra el Ejército ruso

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*Familiares de Ever Pérez Villanueva contaron que el joven llevaba 6 meses combatiendo contra el ejército ruso. Le ofrecieron un salario de 15 millones de pesos mensuales.

La familia del joven de 25 años, Ever Pérez Villanueva, oriundo del corregimiento San José de Saco, en Juan De Acosta, Atlántico, dio a conocer que el miércoles de esta semana recibieron la noticia de su asesinato en una emboscada rusa que sufrió a los alrededores de un campamento del ejército ucraniano, para el que combatía.

Al parecer, tanto Ever como sus compañeros fueron rodeados por drones cargados con explosivos en la ciudad de Zaporiyia, Ucrania. Afirman sus allegados que ahora las fuerzas armadas ucranianas no se atreven a rescatar su cuerpo sin vida por temor a sufrir otra emboscada rusa.

Uno de sus tíos, Alci Villanueva, contó que la familia nunca estuvo de acuerdo con su partida a tierras ucranianas, sin embargo, el joven les dijo que iba a hacer un recorrido y cuando volvió a establecer comunicación con ellos ya estaba en el extranjero. Aseguraron también que le ofrecieron 15 millones de pesos como salario mensual.

“Le hicieron una oferta maravillosa en la que iba a ganar 15 millones de pesos mensuales. Él no atendió ninguna sugerencia de nosotros y cuando nos dimos cuenta ya estaba en Ucrania. Ahora el cuerpo no se ha podido recuperar porque cayó en un territorio que está bajo el control de Rusia. No se atreven a buscarlo porque temen a ser víctimas de otra emboscada”.

Allegados a Ever Pérez Villanueva realizaron una ceremonia simbólica, debido a las pocas probabilidades que tienen de darle cristiana sepultura. Su familia hizo un llamado a la Cancillería para que los ayuden a repatriar su cuerpo.

“Nosotros le rogamos a la Cancillería que intervenga, que nos ayude a resolver este asunto. Si es posible repatriar el cuerpo. No sé qué otra alternativa se pueda utilizar, ver si tenía algún seguro o si le reconoce algo el gobierno de Ucrania porque Ever se fue a defender esa guerra que a él no le correspondía”, comentó Alci Villanueva.

Ever Pérez Villanueva combatió en Ucrania durante seis meses. En Colombia prestó el servicio militar, pero no quiso seguir haciendo carrera dentro de la institución.

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Colombia extraditó a Chile a alias El Gocho por el asesinato de un exmilitar en Venezuela

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*Las autoridades chilenos señalan que el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda tuvo un «móvil político».

Extraditados desde Estados Unidos y Colombia llegaron a Chile este viernes Rafael Gámez Salas, alias ‘El Turko’, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el ‘Gocho’, dos de los inculpados por la Fiscalía en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.

Según informó el Ministerio Público, ambos imputados habrían participado del crimen de disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción ‘Los Piratas’ del ‘Tren de Aragua’, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía chilena desde un principio es que el crimen de Ojeda tuvo un «móvil político», y se han confirmado gestiones para interrogar al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, prisionero en Estados Unidos.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la Justicia.

Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a internos de alta peligrosidad.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.

El ‘Tren de Aragua’ nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Catalogada como una de las bandas más peligrosas de la región, el ‘Tren de Aragua’ se instaló en Chile en los últimos años aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

De acuerdo a las autoridades chilenas, esta organización se ha expandido a lo largo de todo el país llegando a controlar diversos mercales ilegales como la extorsión y la explotación sexual.

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Murió agente de la Sijín herido a bala durante un operativo en Bogotá

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*El intendente llevaba 19 años en la Policía y tenía un hijo de 10 años.

El operativo para ubicar a los responsables de un triple homicidio terminó con la muerte de un integrante de la Policía Judicial en el sur de Bogotá. El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, fue impactado con arma de fuego durante un intercambio de disparos en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El agente hacía parte de un grupo de la Sijín que adelantaba labores para identificar y localizar a los responsables del asesinato de tres personas ocurrido horas antes en la misma localidad. Tras resultar herido, sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, los tres homicidios iniciales estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

Mientras los investigadores adelantaban las verificaciones para encontrar a los responsables, llegaron hasta un punto donde se encontraron de frente con varios de los presuntos delincuentes. En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala en el rostro y quedó gravemente herido.

El intendente llevaba 19 años en la Policía, tenía un hijo de 10 años y se encontraba realizando labores propias de su unidad de investigación cuando ocurrió el ataque. Después del enfrentamiento, la Policía desplegó un operativo con unidades de la Sijín, Sipol y diferentes cuadrantes para localizar a los responsables.

De acuerdo con el general Cristancho, tres personas fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego que ahora son sometidas a las respectivas investigaciones.

Las autoridades buscan establecer si los detenidos participaron en el ataque contra el intendente y si también estarían relacionados con el triple homicidio ocurrido horas antes.

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