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Contraloría alerta que 10 millones de personas podrían quedarse sin el servicio de energía

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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que existe un riesgo de racionamiento “y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía” para más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”.

Esta situación se debería al retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía por parte del Ministerio de Minas; a los ingresos no recaudados por la Opción Tarifaria, y al incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista.

Rodríguez precisó que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha, dijo, se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad.

El funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, “como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico”.

Entre ellas, indicó, deben considerarse las medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.

Los detalles

A juicio del ente de control, esta situación se está dando por la falta de reembolsos, por parte del Gobierno Nacional, de los recursos no recaudados por concepto de la Opción Tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia.

Otro factor sería el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, dijo Rodríguez.

Agregó que lo anterior configura “un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio”, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión de la energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos. “Es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”, apuntó.

La Contraloría, a través de la delegada para el sector Minas y Energía, ha recalcado en diferentes ocasiones sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética.

Para el organismo persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental.

“La no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios, por parte de las entidades públicas, es otro factor que afecta la prestación del servicio y frente al cual existen circulares de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, que advierten sobre la gravedad de tal conducta; además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública”, indicó el ente de control.

Añadió que se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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