*Los activos, avaluados en más de 22.118 millones de pesos, corresponden a 34 inmuebles, seis vehículos, una sociedad y tres establecimientos de comercio, ubicados en cinco departamentos del país.

En desarrollo de un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, un grupo delincuencial señalado de participar en la producción de cocaína y su posterior envío hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.

Las propiedades están representadas en 34 inmuebles, 17 rurales y 17 urbanos, 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad, localizados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

La investigación, adelantada de manera articulada entre la Delegada para las Finanzas Criminales y la DIJIN de la Policía Nacional, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, da cuenta de que la estructura delictiva afectada obtenía pasta base de coca en Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga, trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo (Antioquia) y transformada en clorhidrato de cocaína.
Luego, los cargamentos de estupefacientes eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial, y movilizados hacia el Caribe colombiano para coordinar su salida marítima a destinos internacionales.

Paralelamente, la organización ilegal presuntamente adquiría bienes con recursos provenientes del narcotráfico y los registraba a nombre de terceros, con el fin de ocultar su verdadero origen.

*La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, suscribieron un acuerdo para la constitución de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que permitirá fortalecer la investigación de delitos transnacionales.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Ministerio Público de República Dominicana fortalecieron sus mecanismos de cooperación jurídica internacional con la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá coordinar actuaciones y avanzar de manera articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional.

El acuerdo fue suscrito por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El mecanismo se establece en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, y permitirá fortalecer especialmente las investigaciones relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual, además de otros delitos como los económicos y la corrupción.

Durante el acto de firma, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, destacó que los delitos transnacionales requieren respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados. “En delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación”, señaló.

A su vez, la fiscal general resaltó la importancia de fortalecer la persecución de las finanzas criminales, teniendo en cuenta que las organizaciones dedicadas a la trata de personas requieren recursos para facilitar el traslado y explotación de sus víctimas entre diferentes países. Por su parte, la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, destacó que este acuerdo representa un compromiso de ambos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva frente a la delincuencia organizada.

“La trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, afirmó Reynoso, quien señaló que este fenómeno atenta contra la dignidad humana y requiere una respuesta integral de las autoridades. Un mecanismo para enfrentar la criminalidad transnacional El ECI permitirá el intercambio directo de información, evidencia física y elementos materiales probatorios, así como la coordinación de actuaciones investigativas y medidas procesales, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos de Colombia y República Dominicana.

De esta manera, ambos países podrán conformar equipos para atender casos concretos y compartir metodologías y experiencias que contribuyan al esclarecimiento de hechos y la judicialización de los responsables. Este es el Equipo Conjunto de Investigación número 13 creado por Colombia en estos últimos años con países signatarios de la Convención de Palermo. Con este acuerdo, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación jurídica internacional y sumar capacidades con autoridades de otros países para enfrentar las estructuras de criminalidad organizada que trascienden las fronteras.

*Este hombre es responsable de varias agresiones sexuales, secuestros, homicidios, amenazas y desplazamiento de 16 víctimas que no fueron tenidas en cuenta en procesos de Justicia y Paz. 

Noé Jiménez Ortiz, alias Negro Jiménez, quien por varios años fue comandante de zona del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en San Martín, Aguachica y Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), el pasado 30 de junio en audiencia de imputación de cargos aceptó su responsabilidad en múltiples hechos criminales que no habían sido tenidos en cuenta en un proceso penal que le adelantaron en Justicia Paz.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá condenó a Jiménez Ortiz a la pena alternativa de ocho años de prisión, por ser responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida, desnudez forzada en persona protegida, secuestro simple, secuestro simple agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y constreñimiento ilegal.

‘Negro Jiménez’, entre febrero de 2000 y febrero del 2001 en Ocaña (Norte de Santander) cometió seis eventos criminales. Uno de estos fue la retención de una adolescente y su primo en cercanías a la cárcel de Ocaña, de allí fueron trasladados a una finca donde la menor fue abusada por varios paramilitares y el hombre asesinado una semana después. Además del secuestro de tres jóvenes, menores de edad, durante un evento de moda realizado en una discoteca.

Dos de las víctimas fueron abusadas sexualmente y la restante fue obligada a permanecer desnuda por varias horas. También permitió que sus hombres ingresaran a una vivienda para secuestrar a seis personas, una mujer fue asesinada y otra accedida carnalmente en múltiples ocasiones. Posteriormente, una mujer fue retenida en dos oportunidades y abusada sexualmente. El padre de la víctima fue asesinado días antes del primer suceso.

Estas conductas delictivas corresponden a un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género desplegado por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, que no son aisladas ni desviaciones individuales de algunos de sus integrantes, sino que obedecen a una práctica reiterada para tener control territorial y social. Jiménez Ortiz deberá pagar una multa de 21.862 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.