*Ocho de sus posibles integrantes fueron judicializados y asegurados en centro carcelario.

*Según la investigación, se habrían apoderado de dinero y joyas por una cuantía superior a los
650 millones de pesos.

Objetos de valor como relojes de alta gama y joyas de oro serían los elementos predilectos de los presuntos integrantes de ‘La Roja’, una red delincuencial señalada de perfilar a sus víctimas para posteriormente hurtarlas en diferentes zonas concurridas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Las denuncias de los afectados y los análisis de contexto de diferentes hechos ocurridos con el mismo patrón delictivo permitieron asociar 10 hechos de hurtos a 13 ciudadanos nacionales y extranjeros, detrás de los cuales estaría esta estructura.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, los hechos se registraron entre el 15 de febrero de 2025 y el 9 de octubre de este año, en sectores como las inmediaciones del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el Pueblito Paisa, el cerro Nutibara y Provenza.

En los eventos ilícitos documentados quedaron en evidencia los roles que cumplirían cada uno de los señalados integrantes de ‘La Roja’.

Algunos marcaban a las víctimas, otros las seguían en motocicletas que tenían los sistemas de identificación alterados hasta los lugares donde las abordaban e intimidaban con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias y posteriormente entregárselas a los encargados de almacenar y ocultar los objetos robados para su posterior comercialización.

Producto del trabajo investigativo realizado en articulación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Medellín, ocho personas que harían parte de ‘La Roja’ fueron capturadas.

Se trata de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, Edy Sebastián Cuadros Yepes, Luis Fernando Hoyos Sossa, Jeifre Johan Mata Medina, Jeferson Estiven Sánchez Tapias, Julián Andrés Ríos Castaño, Sebastián Isaza Soto y José Manuel Mejía Hernández.

*Seis personas fueron judicializadas por utilizar dos empresas para importar insumos controlados y comercializarlos ilegalmente con organizaciones criminales en Norte de Santander y Cesar.

El desvío de grandes cantidades de insumos químicos controlados hacia centros de acopio clandestinos, para abastecer laboratorios de procesamiento de cocaína, era la actividad delictiva desarrollada por una red delincuencial identificada y desarticulada por la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander y Cesar.

Seis de sus presuntos integrantes fueron judicializados. El tráfico de sustancias para la elaboración de narcóticos constituye una de las conductas priorizadas por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, debido a su papel en la cadena de producción de estupefacientes y en el sostenimiento de las economías ilícitas.

De acuerdo con la investigación, la organización afectada habría utilizado dos empresas legalmente constituidas para importar desde China y países de Suramérica productos químicos. Los insumos, en lugar de ser almacenados en las sucursales autorizadas, eran trasladados hacia centros de acopio clandestino en Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (Cesar). Desde estos puntos se abastecerían laboratorios de producción de cocaína ubicados en el Catatumbo y el sur de Bolívar, zonas de influencia del ELN.

Para encubrir las operaciones, la estructura registraría exportaciones ficticias hacia Venezuela que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los seis judicializados son: Yorjan Palacio Villalba, Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez. Según los elementos materiales probatorios, cada uno cumpliría funciones específicas en la adquisición, coordinación logística, acondicionamiento y transporte de las sustancias.

Palacio Villalba sería el encargado de dirigir y financiar la organización, además de gestionar las importaciones a través de las empresas. Castillo Lindarte asumiría la supervisión de las rutas y el ocultamiento de la trazabilidad de los precursores, mientras que Calderón Martínez apoyaría las actividades logísticas. Por su parte, Contreras Tamayo tendría a cargo del acondicionamiento de los cargamentos, la articulación de los procedimientos de cargue y el retiro de etiquetas para ocultar la procedencia de la mercancía. Angarita y Franco Ramírez, entre tanto, estarían implicados en el transporte de los insumos hasta los lugares de almacenamiento.

Las actividades de policía judicial permitieron documentar diferentes operaciones de importación y desvío de sustancias controladas, entre ellas: • 23 de octubre de 2024: detección de la importación ilegal de 24.150 kilogramos de cloruro de calcio. • 24 de noviembre de 2024: incautación de 7.738 galones de hidrocarburos. • 22 de mayo de 2025: identificación del desvío de 12.600 kilogramos de acetato de N-propilo mediante una falsa exportación. • 30 de mayo de 2025: hallazgo de 208 galones de acetato de etilo y 550 galones de ácido clorhídrico durante un allanamiento. • 26 de julio de 2025: incautación de 3.350 galones (11.160 kilogramos) de acetato de N-propilo. • 9 de mayo de 2026: incautación en otra bodega de 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, 1.100 galones de acetato de N-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo. Con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados, la Fiscalía imputó a los seis procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Las víctimas habrían entregado más de 270 millones para evitar ataques contra sus vidas y vehículos.

Una red de extorsión del grupo delictivo autodenominado ‘Satanás’ que durante el último año habría sometido a conductores de transporte informal de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, fue afectada por la Fiscalía General de la Nación con la judicialización de seis de sus posibles integrantes.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, estas personas presuntamente exigían a los propietarios de vehículos de transporte informal el pago colectivo de 13 millones de pesos mensuales. La suma debía ser entregada en dos cuotas quincenales de 6’500.000 pesos, en medio de amenazas de atentar contra sus vidas o dañar los automotores.

La intimidación habría escalado hasta el punto de que, el 24 de septiembre de 2023, se registró el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, además de las lesiones ocasionadas a su compañera sentimental. Este hecho correspondería a una retaliación por el incumplimiento de los desembolsos ilícitos fijados. Los cobros extorsivos afectaban a conductores que cubrían las rutas Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.

Los señalados implicados, en algunas oportunidades, obligaron a las víctimas a designar a una persona para que recolectara el dinero y lo transfiriera a una billetera virtual específica. Las labores de policía judicial permitieron conocer que, de esta manera, ‘Satanás’ alcanzó a percibir hasta 270 millones de pesos, a través de consignaciones que se efectuaron de manera periódica entre septiembre de 2023 y junio de 2026.

En una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional fueron capturados los presuntos involucrados. Se trata de Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. Los procedimientos se realizaron en Cartagena (Bolívar), Barranquilla y Soledad (Atlántico), Medellín (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados. Este resultado es producto del modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más inciden en la seguridad y la convivencia en las ciudades.

A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, se avanzó en la identificación de los posibles responsables, sus dinámicas delictivas y los mecanismos utilizados para recibir y distribuir los recursos obtenidos mediante las extorsiones.