*Recibió cerca de 250.000 dólares por aportar los nombres, experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados.

Una Juez Penal de Conocimiento de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados.

La Fiscalía logró probar su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes.

De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural.

Por estas actuaciones irregulares el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, los cuales fueron transferidos a una cuenta del procesado en Estados Unidos.

*Las actividades ilícitas que se les atribuye habrían ocurrido en ejercicio de sus cargos en la sede de la entidad en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, judicializó a cuatro funcionarios de la Seccional La Guajira de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por posibles actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus cargos.

Tres de los hoy procesados, identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica de salud mental, luego de identificar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la DIAN.

Los procesados venían exigiendo el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones superiores a los 1.500 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que la empresaria no desembolsó la suma solicitada y en retaliación fue afectada con embargos a las cuentas bancarias, requerimientos reiterados y expedición de actos administrativos en su contra.

La Fiscalía documentó, al menos, seis reuniones entre los señalados implicados y la víctima, en dos de las cuales presuntamente hicieron peticiones de dinero.

El otro funcionario vinculado, de nombre Erwin Yasser Escudero Rondón, sería el encargado de alertar a una organización delincuencial dedicada a actividades de contrabando en la Troncal del Caribe sobre los operativos y controles aduaneros. Asimismo, se le atribuye la devolución de mercancía aprehendida por las autoridades y favorecer el tránsito de productos que ingresaban de manera ilegal al país a cambio de dádivas.

En el curso de la investigación se conocieron siete eventos delictivos en los que el funcionario habría participado en maniobras para alterar resultados operacionales mediante falsas incautaciones de cigarrillos y otras acciones orientadas a beneficiar estructuras de contrabando

*La niña murió en un centro asistencial por un cuadro de neumonía que no fue atendido oportunamente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a una mujer de 22 años, investigada por la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué (Tolima).

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión.

Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna.

Esta situación derivó en una neumonía que comprometió su pulmón derecho.

Actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, permitieron conocer que la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección al no gestionar la atención que requería la niña.

El 26 de mayo, la llevó a un centro asistencial de El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Allí falleció al día siguiente.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

La procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.