*Una mujer habría registrado en video las agresiones sexuales contra su hija de un año. En otro caso, un hombre presuntamente agredió a su hijastra y difundió imágenes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

En una primera investigación, adelantada en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón (España), fueron capturados Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés, en Pitalito (Huila) y Cartagena (Bolívar), respectivamente.

Estos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras Sabalza Cortés, al parecer, recibió y difundió este material.

De otra parte, con información de ICSE (por sus siglas en inglés, Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños) de INTERPOL, fue ubicada en Armenia (Quindío) y presentada ante un juez de control de garantías una mujer que presuntamente hizo registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.

Asimismo, tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue detectada en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP que correspondía a un teléfono móvil y era utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil.

El dispositivo pertenecía a un hombre que, al parecer, también abusaba sexualmente de su hijastra, de siete años, y produjo fotografías y videos de las agresiones.

A los procesados les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión de jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*La procesada aceptó su responsabilidad y fue sentenciada a más de 10 años de prisión.

Nancy Catalina Agudelo Arango aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la estafa de alrededor de 30 personas que entregaron dinero para supuestas inversiones en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos en Medellín (Antioquia) y Bucaramanga (Santander). En ese sentido, fue condenada a 10 años y 3 meses de prisión.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín, permitió conocer que entre enero de 2019 y noviembre de 2024 la mujer se presentó como empresaria y promovió oportunidades de negocio a través de dos compañías. Para generar confianza entre los interesados, aseguraba contar con contratos con reconocidas multinacionales y ofrecía rendimientos de entre el 7 % y el 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que oscilaban entre 8 y 60 días.

Las personas afectadas entregaron recursos que iban desde 1 millón hasta 763 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias a cuentas de otras dos personas. En uno de los casos, la procesada recibió un vehículo como parte de la inversión. Cuando no cumplía con los pagos prometidos, justificaba los retrasos con supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de los clientes con los que, según afirmaba, tenía relaciones comerciales.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, Agudelo Arango obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos. Por estos hechos, un juez de conocimiento la sentenció por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

*De acuerdo con la Fiscalía, preliminarmente se han identificado más de 250 posibles víctimas nacionales e internacionales a quienes les practicaron procedimientos sin tener todos los conocimientos.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Verónica Lengua y Felipe Henao, señalados como falsos cirujanos estéticos, por los delitos de falsedad en documento público, estafa y lesiones personales, dentro de una investigación que involucra a víctimas nacionales e internacionales, quienes aceptaron cargos.

De acuerdo con la Fiscalía, preliminarmente se han identificado más de 250 posibles víctimas, de las cuales 59 ya han sido entrevistadas. El ente investigador también estableció una cuantía de 558 millones de pesos relacionada con los procedimientos que, según la investigación, habrían sido realizados bajo el supuesto de que Lengua y Henao eran cirujanos plásticos, pese a que no contarían con los títulos y habilitaciones requeridos.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que Verónica Lengua se habría presentado de manera individual, sistemática y sostenida como cirujana plástica y que habría practicado directamente procedimientos estéticos sin contar, según el ente investigador, con formación médica ni habilitación sanitaria.

Respecto de Felipe Henao, la Fiscalía señaló que se habría vinculado desde 2022 a la actividad de realización de cirugías estéticas que ya desarrollaba Lengua. Según el ente acusador, ambos se presentaban como cirujanos plásticos y habrían exhibido diplomas falsos en las instalaciones donde atendían a las pacientes.

“Verónica Lengua no solo se presentó ante el público de manera individual, sistemática y sostenida como cirujana plástica, donde en un inicio usted mencionaba que tenía otro nombre y cambiaba su nombre, sino que además practicó de manera directa diversas cirugías estéticas sobre las víctimas, sin contar con ningún tipo de formación médica ni habilitación sanitaria ni nada relacionado con la salud”, señaló la fiscal.

Sobre Henao, agregó: “Esteban Felipe, usted se vinculó de manera activa a la actividad de desarrollo de cirugías que ya venía ejerciendo Verónica. Desde el año 2022 donde empezaron a realizar cirugías estéticas, entonces, ustedes se presentaban ambos como cirujanos plásticos, colgaron en la clínica los diplomas. Las mujeres entraban allí a la clínica, era bastante extensa, trabajaban con bastantes personas, tenía varios pisos, tenían allí dos quirófanos. Y estando allí, entonces, lo primero que veían las víctimas eran los diplomas, y esto le generaba confianza”.

La Fiscalía también afirmó que los dos procesados habrían utilizado varias clínicas irregulares y estrategias de promoción para captar pacientes. Según la investigación, los procedimientos tenían costos de entre 9 y 15 millones de pesos inicialmente, aumentando su valor con el tiempo. Además, ofrecían paquetes promocionales en fechas como el Día de la Madre y Navidad, como también de servicios como masajes posoperatorios y fajas.

“Se hacían pasar, se disfrazaban de médicos cirujanos idóneos, pero no ostentaban el título de medicina. Cobraban mucho, al inicio cobraban entre 9 y 15 millones de pesos por cada cirugía, ofrecían paquetes promocionales para el día de la madre, para Navidad”, sostuvo la fiscal.

El ente investigador también señaló que las cirugías se realizaban en horas de la madrugada. Según la Fiscalía, algunas pacientes eran citadas a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana y se les habría indicado que durante el día se realizaba un estudio.