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Choques entre ELN y disidencias de las FARC en el Catatumbo dejan 250 campesinos desplazados

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Cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento, en el Catatumbo.

Al menos 250 personas de la región colombiana del Catatumbo abandonaron sus viviendas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, informó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

En las últimas horas, «cerca de 250 personas, obligadas a huir de sus hogares, han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el nororiente de Colombia», informó la ONG en un comunicado.

Igualmente dijo que «cerca de 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento y desplazamiento como consecuencia de nuevas acciones armadas en el Catatumbo».

La región, que hace parte del departamento de Norte de Santander, vive desde mediados de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de las economías ilícitas en esa parte del país.

Esa disputa ha provocado la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de miles de campesinos de la región, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.

«Las personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente», dijo el director de país de NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, citado en un comunicado.

Igualmente alertó de que «en los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil».

Crisis humanitaria

Según el Consejo, los desplazados recientemente provienen de los municipios de Tibú y El Tarra. «La situación es especialmente preocupante en Tibú, donde la comunidad ha alertado del riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento (caserío) de Pachelly».

El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y que, desde hace décadas, es disputada por grupos guerrilleros y paramilitares.

Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), se estima que este año 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en esos municipios.

Esto significa que «más de la mitad de la población que habita en estos territorios habría sido afectada por el conflicto armado en el 2025», aseguró el Consejo.

La ONG pidió al Estado colombiano que garantice la protección y asistencia humanitaria inmediata, y a los grupos armados, respetar a la población civil.

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Frente a sus compañeros asesinan a trabajador de empresa contratista de Ecopetrol

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Daison Rodríguez Villalba, trabajador de la empresa Braserv, contratista de Ecopetrol, fue asesinado este lunes frente a sus compañeros cuando adelantaba tareas de exploración en un pozo de la estatal petrolera en el corregimiento El Centro, en jurisdicción de Barrancabermeja.

De 41 años de edad, según versiones que se conocen de compañeros, Rodríguez Villalba tenía amenazas desde 2024.

Según informó la Policía en Santander, gravemente herido, el trabajador de la contratista de Ecopetrol fue recogido por sus compañeros y llevado a un centro asistencial en donde falleció.

En un comunicado de prensa la empresa Braserv expresó “su profundo rechazo frente a los recientes hechos de violencia que han afectado la seguridad y tranquilidad en las zonas donde desarrollamos nuestras operaciones en el campo La Cira Infantas, en el municipio de Barrancabermeja, Santander”.

La empresa expresa “compromiso con la defensa de la vida, el respeto por la dignidad humana y la protección de la seguridad de las personas”.

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Un total de 18 heridos dejó el ataque con drones y explosivos en Planadas, Tolima

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*Gobernadora confirmó que hasta el momento cuatro personas murieron en el atentado terrorista.

La Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, entregó un balance del ataque con drones y explosivos registrado en el municipio de Planadas. De acuerdo con la mandataria, cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, y 18 resultaron heridas.

«Esto es un crimen de guerra», indicó en diálogo con Noticias Caracol. La Gobernadora expresó que el hospital del municipio quedó destruido en un 80% «Son casi 100 familias afectadas del municipio. Fueron tres cuadras a la redonda afectadas por el atentado», agregó.

Según la mandataria, además de los drones, en el ataque se usaron cilindros bombas. Señaló que en esa zona tiene injerencia el frente Gerónimo Galeano, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las FARC.

Matiz informó que los heridos son atendidos en una institución educativa.

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Desmantelan fábrica de billetes falsos en Sopetrán, Antioquia: capturaron cuatro personas

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*Las autoridades incautaron en un taller clandestino armas, celulares, computadores y más de 600 mil dólares falsos.

Un nuevo golpe contra las redes dedicadas a la falsificación de dinero se registró en Antioquia, donde una operación conjunta de las autoridades permitió desmantelar una organización criminal que producía y distribuía billetes falsos de pesos colombianos y moneda extranjera.

El operativo, denominado ‘Talero’, terminó con la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura, que tenía su centro de coordinación en Medellín y una fábrica ilegal en zona rural de Sopetrán.

Según las investigaciones, sus integrantes aprovechaban sus conocimientos en artes gráficas y utilizaban establecimientos de litografía como fachada para conseguir materiales y desarrollar sus actividades sin levantar sospechas en el occidente de Antioquia.

La distribución también tenía una estructura organizada. Los billetes falsificados eran enviados mediante intermediarios que utilizaban empresas de transporte público para trasladarlos hacia distintos departamentos del país, buscando evadir los controles de las autoridades.

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