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Judicial

Caso contra Álvaro Uribe por masacre de El Aro pasaría a Comisión de Acusación de Cámara

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*Esta decisión se adoptó por la competencia que tiene Álvaro Uribe por el fuero presidencial pero la Fiscalía definirá si lo acepta o no y posteriormente, la Corte Constitucional definirá el conflicto de competencias.

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle, y por la presunta conformación del bloque Metro en la Hacienda Guacharacas, pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la competencia que tiene por el fuero presidencial.

En ese sentido, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió, por unanimidad, acceder a la solicitud de la defensa del exmandatario, encabezada por el reconocido penalista Jaime Granados, para pedirle a la Fiscalía General de la Nación que, por competencia, entregue el expediente, teniendo en cuenta el fuero presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de ÁLVARO URIBE VÉLEZ en el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización, argumentándose que ÁLVARO URIBE VÉLEZ ejerció como Presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO el año 2003”, se argumenta en el oficio firmado por el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaux.

En el oficio se agrega que, atendiendo a la competencia, se adoptó la decisión “en consecuencia, atendiendo al carácter permanente del CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que ÁLVARO URIBE VÉLEZ fungió como Presidente de la República”.

Igualmente, el representante a la Cámara Cuenca señaló en el oficio dirigido a la fiscal Camargo:

“De no acceder su despacho a esta solicitud, se requiere para que, previa respuesta a esta Comisión, se remita el expediente objeto de colisión de competencia a la Sala Plena de la Corte Constitucional con el fin de dirimir de plano la colisión, según lo normado en el Artículo 95 de la Ley 600 del 2000 y el Artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política”.

El abogado Jaime Granados señaló que, en caso de que la fiscal Camargo no esté de acuerdo con la solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá definir la competencia y tendrá la última palabra.

Entre tanto, la petición de la defensa está siendo analizada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Si la funcionaria argumenta que sí tiene y mantiene la competencia, será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá resolver la colisión de competencias.

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Lanzan artefacto explosivo contra un lavadero de carros en Barranquilla: dos heridos

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Hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo en un lavadero de carros, ubicado a un lado de la nevada de Coolitoral, en la calle 120 con carrera 9G, en la urbanización de Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. El ataque con explosivos contra el establecimiento dejó dos personas heridas confirmaron las autoridades.

Información preliminar señala que el artefacto fue lanzado cuando unas personas se bajaban de una camioneta en el mencionado establecimiento comercial.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer qué hipótesis están manejando frente al caso.

Los hechos ocurrieron diagonal, a unos pocos metros, donde se construye la nueva estación de Policía de Caribe Verde.

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Lo pillan por presunto acto sexual violento contra una adolescente en el Atlántico

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*Fue trasladado a la URI de la Fiscalía en Barranquilla. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, en Puerto Colombia.

Juan Álvarez Torres, dueño del terreno donde funciona Kilymandiaro, en Puerto Colombia, fue capturado en la mañana de este martes en el barrio Villa Santos por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Álvarez Torres tenía una orden de captura por el delito de acto sexual violento tras ser denunciado por el presunto acoso sexual del que habría sido víctima una adolescente surfista, de 16 años, en hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el centro vacacional.

«Nos encontramos con Juancho afuera, estábamos hablando normal hasta que me agarra del brazo y me mete a su oficina, me dice que lo acompañe para decirme algo. Yo nunca me imagine nada malo, siempre lo consideré mi tío”, relató la joven.

Una vez dentro de la oficina, según relata la menor, le pidió que se sentara y fue allí cuando presuntamente empezó hacerle preguntas de su vida íntima cómo si había terminado con su novio y si tenía relaciones con él.

“Las preguntas se volvieron cada vez más sexuales e inapropiadas. A todas respondí incómoda y diciéndole que ya me tenía que ir, pero él me dijo que esperara, que solo estábamos hablando. Luego me dice que ya tengo 16 años, que yo puedo tener relaciones sexuales con él”, narró la adolescente en sus redes sociales.

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“Arritmia cardíaca por descargas eléctricas”: Necropsia sobre muerte de joven en procedimiento policial

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*A los policías capturados les imputarán homicidio y tortura agravada.

La Fiscal Delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, reveló las causas que le produjeron la muerte al joven afrodescendiente Donovan Balanta Paz, quien murió en medio de un procedimiento policial el pasado 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá.

“Medicina Legal manifiesta que la muerte se produce por una arritmia cardíaca por descargas eléctricas. Adicionalmente presentaba quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima, a quien se le aplicó un Taser”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa este lunes en Bogotá.

La funcionaria señaló que al momento de los hechos los uniformados que estaban presentes tenían tres pistolas Taser, de las cuales dos fueron activadas y se “le colocó en varias oportunidades, tanto al momento de su aprehensión como cuando estaba en la estación de Policía”.

La Fiscal explicó en detalles cómo ocurrieron los hechos.

“En el lugar se generó un enfrentamiento entre vecinos. A ese lugar concurren uniformados y Donovan Balanta. En el sitio, el joven es señalado de haber lanzado un objeto contra el grupo de los agentes de Policía, por lo que el joven es perseguido y capturado”, detalló.

Tres de los policías ya fueron trasladados al Búnker de la Fiscalía.

Explicó que en el lugar se generó un enfrentamiento entre los uniformados y los civiles. En medio de la situación Donovan fue supuestamente golpeado por los policías y adicionalmente le produjeron descargas eléctricas con las pistolas Taser.

“Estando en la estación de Policía, continúan los golpes y las agresiones de los funcionarios contra el civil y allí solicitaban auxilio (otro recluso) para su intervención teniendo en cuenta los golpes y la situación en la que se encontraba, auxilio que fue prestado de forma tardía”, precisó Jaramillo Rivera.

Cuando se le prestó el auxilio, el joven ya se encontraba en mal estado y cuando fue llevado a una clínica se produjo su muerte.

“Cerca de 20 minutos después, luego de perder el conocimiento, el hombre fue llevado a un hospital, donde falleció en la noche del 20 de septiembre”, precisó la Fiscalía.

Por estos hechos, la Fiscalía materializó cuatro órdenes de captura contra un Mayor, un Subintendente y dos patrulleros en el municipio de Soacha (Cundinamarca) y Barbosa (Santander).

La Fiscalía precisó que le imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad y participación individual, los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas.

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