*El procesado es además señalado de mentir asegurando que tenía una agencia de modelaje con la cual pedía fotos íntimas a los jóvenes.

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión preventiva a Edwin Fabián Cardona Baquero, un entrenador y árbitro de fútbol infantil señalado de instrumentalizar a niños y jóvenes de sectores vulnerables de Bucaramanga para comercializar contenido de carácter sexual.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la unidad de delitos contra niños y niñas, el señalado les tomaba fotos y videos mientras eran sometidos a actividades sexuales y dichas grabaciones eran difundidas por medio de dispositivos móviles.

“Para transmitir desde el territorio colombiano a través de la infraestructura tecnológica y servidores de servicios electrónicos en los Estados Unidos un archivo de video en formato MP4 con una duración aproximada de 35 segundos que contiene material de abuso y explotación sexual infantil en la que intervienen varias personas menores de edad”, señaló la fiscal del caso.

El imputado es también sindicado de hacerse pasar como dueño de una agencia de modelaje con la que, al parecer, pedía fotos y contenido íntimo a jóvenes con el fin de gestionarles supuestas oportunidades laborales.

“Material almacenado por usted los días 21 de julio de 2023 la transmisión y 17 de agosto de 2026 el almacenamiento. Es por ello entonces que esa conducta que usted presuntamente ejecutó tiene una correspondencia o se encuentran descritos como delitos por nuestra norma penal en Colombia”, detalló la fiscal.

Cardona Baquero fue imputado por el delito de pornografía con menor de 18 años, delito que no aceptó. Durante el procedimiento de captura le fueron incautados tres teléfonos, siete memorias UBB y un computador portátil que contendría elementos de interés para la investigación.

*También lo señalan de haber percibido 15 millones de pesos por parte del ELN en 2020.

La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel del Ejército, Carlos Didier Pérez Amorocho, por las presuntas acciones para favorecer al ELN y a la ‘Segunda Marquetalia’, disidencias de las FARC.

Los hechos investigados se remontan a 2020, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca.

Supuestamente habría recibido 15 millones de pesos a cambio de reducir la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.

Años después, en julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad élite con presencia en los municipios nariñenses de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de algunas zonas de Cauca y Valle del Cauca.

En el período comprendido entre enero y mayo del año en curso, al parecer, entabló vínculos con el Bloque Alfonso Cano de la ‘Segunda Marquetalia’.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el uniformado habría pactado el pago de 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.

Al coronel también se le atribuye haber impedido el avance de las tropas a un punto de intervención específico para que los cabecillas de una estructura armada tuvieran tiempo de escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados, durante una ofensiva realizada en Nariño, en abril de este año.

Cuando las unidades militares finalmente ingresaron a la zona no encontraron las caletas con estupefacientes y armamento sobre las cuales tenían información porque alcanzaron a ser recogidos por los integrantes del grupo ilegal.

Los narcóticos hallados, presuntamente por orden del propio oficial, fueron arrojados al río para que la organización ilícita pudiera recuperarlos posteriormente.

El coronel fue imputado por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. No aceptó los cargos.

*El oficial durante más de dos años habría ejercido conductas reiteradas de control, descalificación y repudio, entre otras, que generaron afectaciones físicas y emocionales a su excompañera sentimental.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad del brigadier general de Infantería de Marina Wilson Martínez Londoño en un ciclo prolongado de violencia psicológica en contra de su expareja.

Entre 2022 y 2024, el oficial habría convivido con su excompañera sentimental en medio de un contexto de control a sus actividades diarias, de repudio y descalificación por el físico, trabajo, forma de vestir y de comportarse. Adicionalmente, es señalado de impedirle ejercer la maternidad al alejarla de su hijo menor de edad.

La investigación desarrollada con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima evidenció que el uniformado, al parecer, aprovechó su distinción y posición de poder para someter a su expareja a violencia vicaria y económica, entre otras conductas reiteradas que generaron en ella afectaciones físicas y emocionales.

Por lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia trasladó escrito de acusación al brigadier general Martínez Londoño, en los términos de la Ley 1826 de 2017 (Procedimiento Penal Especial Abreviado), por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no fue aceptado.